Madrid, 23 nov (EFECOM).- El Ministerio Fiscal y más de una veintena de defensas de los imputados por el caso de las cesiones de crédito pidieron hoy al tribunal que dicte un auto de sobreseimiento y no se celebre el juicio oral por este proceso, en el que está imputado el presidente del Grupo Santander, Emilio Botín.
Después de una investigación que se ha prolongado durante 17 años, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudió hoy las cuestiones previas planteadas por las partes, después de escuchar los cargos que mantiene la única acusación formalizada en el proceso: la Asociación para la Defensa del Inversor y los Clientes (ADIC).
ADIC pide 180 años de cárcel para Botín, los ejecutivos Rodrigo Echenique, José Ignacio Uclés y Ricardo Alonso Clavel, por delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental cometidos en el ejercicio fiscal de 1989, y para otros veinte clientes que eran titulares o administradores de sociedades que compraron el producto de las cesiones de crédito de nuda propiedad.
Sin embargo, desde el Ministerio Fiscal y los abogados que defienden a Emilio Botín y los demás imputados se negó hoy legitimidad a esta asociación para ejercer la acusación popular, hecho en el que se apoyó la juez Teresa Palacios para decretar la apertura de juicio oral.
A la espera de que ADIC rebata mañana los argumentos expuestos hoy por el fiscal Vicente González-Mota y las defensas, que incluso llegaron a pedir al tribunal que condene a costas a esta asociación, la otra acusación personada Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) deberá defender en este juicio su condición, porque no entregó el escrito de acusación en el plazo estipulado.
Así pues, el tribunal presidido por Javier Gómez-Bermúdez, pendiente también de que el Tribunal Supremo le notifique su decisión sobre su nombramiento, habrá de dictaminar sobre la situación de ICV, la apertura o no de juicio oral y otras cuestiones planteadas hoy como la prescripción de los delitos fiscales, que datan de 1989.
Después de consultar con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, para fijar posición en este caso, Vicente González Mota coincidió hoy en sus argumentos con el anterior fiscal jefe, Eduardo Fungairiño, quien, en 2004, pidió el sobreseimiento por entender que las acusaciones populares "carecen de legitimación activa".
A juicio del Ministerio Público, la acusación "no tiene el derecho a que se declare inocentes o culpables porque no hay un procedimiento válidamente constituido".
El fiscal coincidió con el abogado defensor de Botín, Gonzalo Rodríguez Mourullo, en sus peticiones al tribunal para anular la acción acusatoria de ADIC, ligada al ex consejero de Banesto Rafael Pérez Escolar, quien mantiene un buen número de pleitos contra Botín -según explicó el letrado-.
Esta es la decimoquinta vez que, en estos doce años de procedimiento en los tribunales, el Ministerio fiscal ha pedido el sobreseimiento de la causa, mientras que la Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, lo ha hecho ya en siete ocasiones.
"Frente a quien haga una malévola lectura política", que las posiciones de ambos "se mantuvieron en gobiernos de diferente signo político", agregó ante el tribunal Rodríguez Mourullo, antes de acusar a varios abogados cercanos a Pérez Escolar presentes en la sala, como Antonio Panea y Javier Sotos, de acudir a las juntas de accionistas del Santander a "soltar todo tipo de soflamas".
En un terreno más jurídico, el fiscal explicó que "sólo puede formular acusación quien tiene derecho a ello" y que los únicos posibles damnificados por este presunto fraude fiscal podían ser la Hacienda Pública, o en el caso de la falsedad documental, a quienes se perjudicase con la suplantación de personalidad.
De celebrarse el juicio oral, según el fiscal, se podrían estar vulnerando artículos como el 24 de la Constitución, que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva, tal y como recordó además Rodríguez Mourullo, quien redactó el recurso de amparo presentado por Botín ante el Tribunal Constitucional por este motivo.
La defensa de otros ejecutivos del banco como Echenique, Uclés y Alonso saludó las palabras del fiscal y, al igual que otros representantes de los clientes imputados, habló de la instrumentalización de los juzgados para lo que algunos calificaron como "intereses inconfesables"
Otros letrados de los clientes, acusados de defraudar a Hacienda por más de 120.000 euros (20 millones de pesetas) en el ejercicio fiscal 1989, pidieron "no perder más tiempo en este asunto", porque ya llegaron a un acuerdo con la Agencia Tributaria a través de declaraciones complementarias realizadas desde 1991 a 1996.
El abogado de alguno de ellos, como Juan Antonio Peraza Marret, se quejó ante el tribunal de la "penitencia" sufrida por su defendido al estar dieciséis años investigado por ser administrador de una empresa -promotora Rolin- con un nombre parecido a otra compañía que defraudó a Hacienda: C Rolin.
Durante la sesión, también salieron a relucir los negocios de otros imputados como la distribución de carbones, sociedades hoteleras en Baleares, el sector químico, el textil o la construcción.
Mañana será el turno de ADIC, que se apoya en el auto de apertura oral de la juez Palacios de hace dos años, que acusó a los directivos del Santander de un delito continuado de falsedad en documento oficial, tres delitos continuados de falsedad en documento mercantil y otros 30 contra la Hacienda Pública.
dsp/prb
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