Madrid, 22 nov (EFECOM).- El juicio oral por el caso de las cesiones de crédito en el que está imputado el presidente del Santander, Emilio Botín, comenzará mañana en la Audiencia Nacional con las cuestiones previas, en las que se dilucidarán, según fuentes jurídicas, varias incertidumbres de este proceso judicial iniciado en 1991.
La primera de ellas es quién preside el Tribunal, pues el designado para ello, Javier Gómez-Bermúdez, está a la espera de que el Tribunal Supremo le notifique la anulación por segunda vez de su nombramiento como presidente de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
En caso de que el magistrado hubiese de abandonar la presidencia, según fuentes jurídicas, sería sustituido por la juez Manuela Fernández Prado, quien acompaña a Clara Bayarri García en la composición del tribunal.
Entre otros asuntos, el tribunal habrá que decidir si Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) puede sentarse en la zona de las acusaciones, junto a la Asociación para la Defensa del Inversor y los Clientes (ADIC), pues presentó su escrito definitivo fuera del plazo establecido para ello y se podría ver limitada a presentar sólo conclusiones finales.
Pese a ello, ICV ha ido recibiendo las notificaciones de la Audiencia Nacional en los últimos meses, desde que la juez Teresa Palacios decretó la apertura de juicio oral contra Botín, el ex consejero Rodrigo Echenique, así como contra los directivos José Ignacio Uclés y Ricardo Alonso Clavel.
En las cuestiones previas podría caber, según varias partes del litigio consultadas por EFE, "casi todo", desde prescripciones hasta nulidades, pasando por "cualquier argumento imaginativo", pues mientras las acusaciones recriminan al Santander por dilatar el proceso, la entidad y la Fiscalía han negado legitimidad a ICV y ADIC para ejercer como "acusaciones populares".
Hace dos años, en el auto de apertura de juicio oral, la juez Palacios acusó a los directivos del Santander de un delito continuado de falsedad en documento oficial, tres delitos continuados de falsedad en documento mercantil y otros 30 contra la Hacienda Pública, pese a que el Ministerio Fiscal y el abogado del Estado han solicitado su sobreseimiento en varias ocasiones.
La última de ellas fue en enero de 2004, cuando el fiscal Eduardo Fungairiño pidió el sobreseimiento de la causa por entender que las acusaciones populares "carecen de legitimación activa".
Ahora será también el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, el que se reúna con Vicente González-Mota, encargado de representar al Ministerio Público en el juicio oral, para fijar posición sobre este caso, abierto por el empresario José María Ruiz-Mateos tras iniciar Hacienda inspecciones a varias entidades por entender que las cesiones de crédito eran opacas al fisco.
Entre 1987 y 1991, el Santander hizo cerca de 45.000 operaciones con cesiones de crédito y captó unos 400.000 millones de pesetas (2.400 millones de euros), aunque, según reiteran fuentes de la entidad, los clientes normalizaron su situación con el fisco en 1996 mediante declaraciones complementarias y, en su momento, este producto era "completamente legal".
Ruiz Mateos desistió de su querella y el Abogado del Estado, previo informe de la Agencia Tributaria, pidió el sobreseimiento para el banco y los directivos, aunque el juzgado decidió continuar la instrucción para decidir sobre la operativa practicada con una veintena de clientes y ver si se derivaba participación de los ejecutivos en los presuntos delitos fiscales de los clientes.
ICV presentó su acusación en 1998 y la acusación particular encabezada por ADIC, ligada a Rafael Pérez Escolar, condenado por el caso Banesto, lo hizo en el año 2000.
Ahora, ambas asociaciones piden más de 90 años de prisión para los 28 acusados (21 clientes y siete ejecutivos del banco) y reclama de los acusados 525 millones de euros: una multa de 46,24 millones a cada uno de ellos y otros 84,93 millones en concepto de responsabilidad civil.
Sin embargo, según indicó hoy el diputado de ICV, Joan Herrera, el Estado no podrá reclamar estos millones si Botín es condenado pues la Abogacía del Estado, que representa a la Hacienda Pública, no ha hecho reserva de acciones civiles. EFECOM
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