Madrid, 23 nov (EFECOM).- CCOO ha denunciado una "fuerte e injustificada extorsión" hacia los trabajadores españoles por parte de las multinacionales automovilísticas para intentar modificar "sustancialmente" las condiciones pactadas en los convenios.
En el informe anual sobre la industria automovilística elaborado por este sindicato, se expone que estas supuestas presiones se extienden hacia los sindicatos y los gobiernos regionales, así como a las sociedades que dependen de los centros de producción automovilística.
La central sindical alega que por parte de los representantes laborales se ha producido desde hace tiempo una adecuación laboral a las necesidades productivas.
No obstante, puntualiza, que desde la otra parte no se ha producido ningún proceso de negociación, tanto en periodos punta de actividad, como de retracción de la misma, en el que las empresas "hayan tratado de proyectar objetivos en un futuro a medio y largo plazo, acometiendo políticas de anticipación a los posibles cambios que se puedan derivar, tanto desde la amenaza de la deslocalización, como del incremento de la competencia global".
CCOO prosigue en su denuncia afirmando que en la industria automovilística española no se ha podido negociar bajo los mismos parámetros que en Alemania, "incorporando compromisos de estabilidad en el empleo en las empresas durante seis años".
El sindicato dirigido por José María Fidalgo responsabiliza en buena parte de esta situación a los gestores de las filiales españolas, "dependientes de las decisiones de empresas multinacionales".
Para CCOO, estos gestores "están constreñidos por el pánico a perder el puesto, lo que no les permite actuar de forma profesional, coherente y clara. En la mayoría de los casos no se atreven a reivindicar mejoras tecnológicas e industriales para la filial española, situación que se refleja en la falta de toma de decisiones".
No obstante, el sindicato se alinea con los fabricantes españoles del automóvil en lo relativo a fiscalidad y califica de "preocupante" el que el Gobierno sopese la posibilidad de introducir nuevas cargas fiscales en los vehículos diesel, en los todoterrenos o establecer peajes para circular por los centros urbanos.
En este sentido, CCOO apunta que concretar estos gravámenes "supondría un incremento de la presión fiscal para un sector que ya viene sufriendo las mayores cargas fiscales y que coloca al país a la vanguardia impositiva, con efectos directos en la competitividad de una parte crucial de la economía española".
CCOO también defiende a la facción empresarial en los incrementos de tarifas que sufre en materias como el gas y la electricidad, que repercuten negativamente en la competitividad de la industria, ya que el coste de la energía en el proceso de producción supone el 4% del total del valor añadido de una planta, y el 1,5% del precio final del vehículo.
Pero esta defensa parcial del sector choca con las críticas de CCOO a los fabricantes en lo relativo a sus intentos de incrementar la contratación temporal, y asegura que las reivindicaciones patronales respecto a "cambios radicales" en la normativa laboral "carecen de toda racionalidad económica, industrial y social".
El sindicato, en su informe, aboga por "cambios estructurales" en el sector automovilístico que faciliten la toma de decisiones para la adjudicación de los futuros vehículos, en los que se tenga en cuenta su tipología (gamas y valor añadido), sus condiciones (formación de la mano de obra, calidad del suministro energético..) y la ubicación.
También el sindicato cree "imprescindible" el impulso de los centros tecnológicos, porque entiende que es más barato investigar en España y porque hay que tender a una homologación tecnológica con los países del entorno. EFECOM
aa/prb
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