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Murcia endurece la ley para proteger el Mar Menor

  • El gobierno autonómico limita el uso de fertilizante y obliga a restituir los regadíos ilegales
Mar Menor. Efe

Crecimiento poblacional, agricultura intensiva, lixiviación de depósitos estériles procedentes de antiguas explotaciones mineras y construcción de grandes infraestructuras y equipamientos que han alterado los procesos naturales. Estas son las cinco fuerzas transformadoras que han provocado uno de los mayores desastres ecológicos de los últimos tiempos en nuestro país: el colapso ecológico de El Mar Menor. ¿La solución? Cambiar la ley para limitar el uso de fertilizantes, obligar a restituir los regadíos ilegales y prohibir los invernaderos en la franja de los 1.500 metros respecto de la costa.

La laguna murciana lleva años sufriendo numerosas catástrofes derivadas de los vertidos y la presión urbanística, y en los últimos tiempos la situación se ha visto empeorada por los efectos de los diferentes temporales que han asolado la zona, especialmente la fuerte gota fría que en septiembre de 2019 arrastró hasta el acuífero grandes aportes de agua dulce y enormes cantidades de residuos urbanos.

Los expertos señalan que el enclave tardará décadas en recuperarse

Las organizaciones ecologistas, plataformas ciudadanas y entidades vecinales llevan tiempo reclamando a la Administración que implante medidas que ayuden a revertir la situación y garanticen un futuro limpio y sostenible para este valioso espacio natural, pero la normativa que regulaba las actividades perniciosas era excesivamente laxa. Al fin, la Asamblea Regional de Murcia ha aprobado recientemente la ley del Mar Menor, que pone especial énfasis en la protección de la albufera al ampliar de 500 a 1500 metros la franja de restricción de uso de fertilizantes, estiércoles no compostados o abonos verdes en torno a la laguna, así como la implantación de nuevos invernaderos o la ampliación de los ya existentes.

A partir de ahora, este área solo permitirá la agricultura ecológica y la sostenible de precisión en riegos consolidados y que no excedan los 170 kilos de nitratos por hectárea al año, y cada parcela cultivada deberá reservar un 20% de su superficie a crear setos, filtros verdes, humedales o espacios forestales que minimicen las escorrentías en caso de lluvias.

También se ha incluido un apartado que permite ampliar esas restricciones a través del plan de ordenación territorial de la cuenca (POT) y de programas de actuación específicos para la zona vulnerable del Campo de Cartagena.

Regadíos ilegales

La ley establece también la obligación de restituir a un "estado natural compatible con el uso forestal" los regadíos ilegales eliminando las infraestructuras de riego, suprimiendo los cultivos e implantando en los terrenos masas forestales que ayuden a retener nitratos y evitar escorrentías, o bien la restitución de cultivos de secano.

Por otro lado se incluye un régimen sancionador para las desalobradoras irregulares, una moratoria para toda la cuenca vinculada al POT y la obligación de evaluar todos los puertos de la zona en el plazo de un año.

El Miteco, por su parte, está preparando el Plan de protección litoral del Mar Menor, que recoge un conjunto de medidas necesarias para la recuperación, protección, restauración y correcta gestión del litoral, mientras que la Unión Europea ha dado luz verde al proyecto Life-Desirows para descontaminar la laguna murciana recuperando hasta un 98% del agua salada.

En cualquier caso, los expertos coinciden en señalar que, aunque cese toda actividad humana en el entorno y se apliquen medidas estrictas para eliminar los contaminantes que llegan a sus aguas, el enclave tardará décadas en recuperarse de su estado de degradación actual. Un estudio publicado recientemente por el Instituto Español de Oceonografía (IEO) alerta de que el proceso será "muy largo y complejo", ya que los fondos marinos y las aguas subterráneas continuarán liberando nutrientes durante mucho tiempo.

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