Empresas y finanzas

¿Por qué arroja Adif varios vagones de un tren descarrilado al río Sil en Ourense?

  • Galicia investiga lo ocurrido y pide explicaciones a Adif
  • Adif ha informado que ha abierto también una investigación

"Qué barbaridad. ¿Cómo es posible que Adif tirara unos vagones de un tren al río Sil?", se preguntaba esta mañana la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, después de ver las imágenes publicadas recientemente en las que se observa a operarios de Adif empujando al río unos vagones de un tren que descarriló en Carballeda (Ourense). Adif ya ha comenzado la retirada de los vagones tras difundirse la noticia, aunque es una operación que llevará "varios días".

La Consellería de Medio Ambiente ya ha abierto una investigación sobre lo ocurrido tras el descarrilamiento que se produjo el pasado 28 de julio en Carballeda de Valdeorras, un suceso que este martes el departamento autonómico de Infraestruturas ha pedido a Adif que explique.

En concreto, en la mañana de este martes, la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de la Dirección Xeral de Mobilidade, le ha trasladado a la empresa pública su preocupación por la situación generada.

Además, según ha informado el departamento que dirige Ethel Vázquez, la Xunta ha pedido información precisa sobre el protocolo de actuaciones que se está llevando a cabo para la retirada de los vagones, con el objetivo de que se retiren cuanto antes y que se minimicen las afecciones al entorno.

Por su parte, fuentes de la Consellería de Medio Ambiente han detallado que se desplazaron al lugar agentes medioambientales del distrito para emitir el correspondiente informe y estudiar si ha habido una presunta infracción en los hechos ocurridos.

Galicia pedirá explicaciones a los ministros Ábalos y Teresa Ribera

Además, el departamento que dirige Ángeles Vázquez en funciones enviará el miércoles sendas cartas a los ministros de Transportes, José Luis Ábalos, y para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para demandarle explicaciones sobre lo ocurrido.

Este mismo martes, Adif ha informado que ha abierto también una investigación para aclarar los sucedido.  Adif analizará todas las actuaciones efectuadas en relación a estos hechos y "depurará, en su caso, responsabilidades". Además, ya han comenzado las labores para la retirada de los dos vagones, por lo que se ha cortado el tráfico ferroviario en la zona durante varias horas.

En concreto, el tren que circulaba por la línea Monforte-Ponferrada sufrió un descarrilamiento en la tarde de el pasado 28 de julio a su paso por Carballeda de Valdeorras. Aunque no se produjeron daños personales, el siniestro obligó a cortar la vía al quedar los vagones volcados en la zona.

"No se puede tolerar que una empresa pública sea la primera en incumplir la normativa sobre la gestión de residuos y reparación de los daños causados al entorno"

Precisamente, después de que trascendiera la caída de los vagones al río, el diputado del BNG, Néstor Rego, ha registrado una iniciativa parlamentaria en el Congreso a través de la que pide la retirada inmediata de estos para proceder a "reparar el daño ambiental causado". Además, pide que se le comuniquen los hechos a la Fiscalía.

El parlamentario nacionalista ha demandado al Gobierno investigar los motivos que llevaron a Adif "a tomar la decisión de tirar los vagones descarrilados al río en lugar de retirarlos de forma adecuada y reparar los daños causados en el entorno, tal y como estipula la normativa".

"No se puede tolerar que una empresa pública sea la primera en incumplir la normativa sobre la gestión de residuos y reparación de los daños causados al entorno", ha señalado el diputado.

Además, ha considerado "inconcebible" que Adif-Renfe tomase la decisión "consciente" de tirar al río, "ya bastante contaminado", los vagones" en lugar de "hacer lo necesario para retirarlos tal y como correspondería". "Adif debe dar ejemplo y el Gobierno español responsabilizarse de que la gestión pública sea adecuada a la legislación ambiental", ha indicado.

Los nacionalistas, asimismo, consideran que es necesario que se le comunique a la Fiscalía para que investigue esta conducta que podría ser constitutiva de un delito contra el medio ambiente y se depuren responsabilidades. "Este incidente no puede quedar impune", señala.

En otro comunicado remitido a los medios, el PSdeG ha exigido a Adif que retire de forma inmediata el vagón caído al río y proceda a la restitución de los daños medioambientales causados.

Además, ha reclamado que se evalúe la situación de los otros vagones que permanecen al lado de la vía del tren y que se retiren "tomando todas las medidas de seguridad ambiental necesarias".

"Es incompresible", han señalado los socialistas gallegos, que critican que la recuperación de los vagones no se lleve a cabo siguiendo procedimientos que no impliquen daños para el medio y para la seguridad ferroviaria.

"Ahora lo prioritario es llevar a cabo la recuperación del vagón caído al río Sil, restaurar los daños provocados en las aguas y en el ecosistema y retirar cuanto antes el resto del vagones que se entran junto a la vía", ha indicado.

Además, en otro comunicado, Galicia en Común ha informado de que se ha puesto en contacto con ADIF y con el Ministerio de Transportes para pedirles explicaciones en relación a los vagones volcados al río y ha asegurado que se mantendrán "vigilantes" para que la empresa pública cumpla los "compromisos adquiridos", que pasan por investigar lo ocurrido.

"Quien contamina, paga"

Por otra parte, en un comunicado remitido a los medios, la entidad ecologista Amigos da Terra ha requerido a la Confederación Hidrográfica y a la Consellería de Medio Ambiente que aplique a la empresa responsable del vertido el principio de "quien contamina, paga" que, según indica, se regula en la Ley de responsabilidad medioambiental.

Para la entidad, los daños causados al río "no pueden quedar impunes" y las administraciones tienen que adoptar las medidas preventivas apropiadas, recogidas en la Ley de Aguas y en la Ley de responsabilidad ambiental y cuya sanción, según indican, podría acarrear multas de hasta dos millones de euros.

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