Si tiene el color de la leche y huele como la leche, lo más seguro es que sea leche. Este refranero se podría aplicar a la subasta de medicamentos, que desde que se formó el Gobierno está entre las medidas que baraja el Ejecutivo para reducir el gasto farmacéutico. En esta ocasión, la medida está incluida en un documento del Ministerio de Sanidad ('Propuestas de Líneas Estratégicas de trabajo 2020-2021') en el que se desglosa la agenda de políticas farmacéuticas para emprender en ese periodo.
Dentro de la línea 1 de trabajo, que se dedica a las "políticas para fomentar la competencia", se pide el análisis de distintas políticas farmacéuticas, entre las que aparece, y en primer lugar, las subastas. "Análisis de otras políticas para fomentar la competencia de precios de medicamentos, como, por ejemplo, subastas, compras conjuntas, compras centralizadas, transparencia de precios, prescripción por principio activo", reza el documento de apenas siete páginas.
Las políticas citadas en el informe, con la excepción de las subastas, ya se aplican en España. La prescripción por principio activo está recogida en la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento, así como las compras centralizadas. Las subastas, en cambio, no están recogidas como se conocen por su historia en Andalucía, pero sí que tienen encaje en el mismo texto legislativo a través de los 'Precios Seleccionados'. Estos últimos fueron introducidos en la Ley en 2012 pero no llegaron a desarrollarse.
Lo único que se deja sin explicitar es de qué tipo de subastas estarían barajando en el seno del Ministerio de Sanidad. El comité asesor de este organismo, firmante del citado documento, no explica qué reglas seguiría la medida aconsejada. Podría ser de línea dura, como las que hubo en Andalucía, que expulsaban a todos los operadores del mercado con la excepción de aquel que ganara el concurso. Una medida que dio alas, sobre todo, a compañías asiáticas, y que las patronales españoles de las compañías farmacéuticas criticaron por no tener en cuenta el valor que las empresas afincadas en España aportaban al PIB. Visto con los ojos actuales, donde se busca reindustrializar un país y atraer producción, una medida de este calado que además fuera a nivel nacional, sería ir contra lo que se predica.
Pero también se podría barajar una subasta que eligiese a varios operadores y que, además del precio, tuvieran en cuenta el lugar de la producción, la aportación al PIB o los empleos que genera una compañía determinada. Es decir, tener en cuenta además del precio de un medicamentos, el valor que supone fabricar dicho fármaco en España.
El documento de la AIReF
La idea de recuperar las subastas está arraigada dentro del Gobierno. En el verano de 2019, la AIReF publicó un documento llamado 'Spending review' en el que se aconsejaba implantar las subastas a nivel nacional. El presidente del organismo en aquel momento era José Luis Escrivá, hoy ministro de Seguridad Social. El documento fue desvelado antes de su publicación por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se congratulaba de la decisión de la autoridad fiscal. Y no era para menos. Al fin y al cabo, la ideóloga de las subastas de Andalucía fue precisamente Montero, que en 2011 era consejera de Salud del gobierno autonómico y que en los años sucesivos siempre la respaldó como consejera de Hacienda. En enero, antes de que explotase la pandemia y se barajara presentar presupuestos en primavera, el Ministerio de Hacienda "no descartaba" incluir la medida dentro de las cuentas para el año 2021. En cualquier caso, la recomendación de la AIReF era sobre una versión más laxa que la conocida en Andalucía. "Permitir estar incluidos en la lista de medicamentos con preferencia en la dispensación por cantidades limitadas ?y por el orden de las pujas excluidas el acceso al mercado de otras compañas farmacéuticas al precio pactado", decía la AIReF.
La AIReF calculó un ahorro de 1.000 millones hasta 2022 con una subasta más 'laxa'
Además, aplicar las subastas de medicamentos ya se comunicó a Europa. En el Plan de Estabilidad que se remitió a Bruselas el año pasado, Montero utilizó el documento elaborado por la AIReF para presentar una proyección de ahorro: 1.000 millones hasta 2022. El argumento que siempre sostuvo la actual ministra de Hacienda cuando era consejera en Andalucía es que los descuentos que hacen las compañías farmacéuticas deberían revertir en la sanidad pública y no en la farmacia, pero la historia de las subastas se conoce bien por los continuos desabastecimientos que provocaban compañías que no estaban afincadas en España.
Ahora bien, esta postura de máximos no es compartida por el grupo de expertos de Sanidad que acaba de publicar el documento. En otro apartado asegura que parte de esos descuentos deberían seguir en la farmacia para fomentar el uso de genéricos.
Comisión de reconstrucción
En los trabajos que se han llevado a cabo en el Congreso de los Diputados para la reconstrucción tras la pandemia también aparece la recomendación de incluir en las nuevas políticas farmacéuticas las recomendaciones que realizó la AIReF. Sin bien no ha mención explícita a las subastas, sí que la hay implícita al validar el documento de la Autoridad Fiscal. En cualquier caso, también es cierto que no se ha hallado el consenso en torno a las propuestas elaboradas por PSOE y UP.
