La Comisión Europea aportará 120 millones trasvase Júcar-Vinalopó

Bruselas, 21 nov (EFECOM).- La Comisión Europea (CE) aprobará la aportación de 120 millones de euros de fondos de la UE al proyecto de trasvase Júcar-Vinalopó al entender que su nuevo trazado se ajusta a la normativa comunitaria, anunció hoy el representante de su Dirección General de Medio Ambiente, Giorgios Peroulakis.

Ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el funcionario comunitario explicó que el nuevo trazado "limita los daños medioamentales del trasvase al situar la toma en el estuario del río y no en la mitad del curso".

Al tiempo, explicó, el nuevo proyecto mejora "la aceptación social" del trasvase, prevé un sistema tarifario adecuado y permitirá "paliar la sobreexplotación" de los acuíferos alicantinos, por lo que el Ejecutivo europeo está "considerando su aprobación".

En posteriores declaraciones a los periodistas, Peroulakis dijo que la Comisión iniciará de hecho de forma inmediata los trámites de aprobación y adelantó que el visto bueno se formalizará "en un mes, probablemente antes de navidades".

En 2005, el actual Gobierno central cambió el trazado inicial de trasvase proyectado por el anterior Ejecutivo del PP de forma que la toma de agua inicialmente ubicada en Cortes de Pallás pasase a Azud de la Marquesa, junto a la desembocadura del Júcar.

Aunque la CE asignó en su día al primer proyecto una aportación comunitaria de 80 millones de euros, Peroulakis explicó hoy que su anulación no supondrá pérdida de fondos pues tanto ésta como la nueva contribución salen de la misma línea de fondos estructurales asignada a la Comunidad Valenciana, que no varía.

Tras el anuncio del funcionario, la comisión de Peticiones decidió, por 6 votos contra 5, cerrar su propio expediente sobre el trasvase Júcar-Vinalopó, tal y como reclamaron los grupos Socialista y Los Verdes, y en contra de la opinión del Partido Popular.

Previamente, la organización ecologista WWF/Adena y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) defendieron ante los eurodiputados el nuevo trazado, mientras que la Junta Central de Usuarios del Vinalopó y la Generalitat valenciana, abogaron por el anterior.

La representante de WWF/Adena, Graciela Ferrer, dijo que el nuevo trazado suscita un "consenso poco habitual entre usuarios, ciudadanos, ecologistas y administraciones locales" de la cuenca cedente.

Achacó las críticas a "intereses económicos y políticos que exigen que el agua trasvasada sea de calidad para consumo urbano y no, como ocurrirá con el nuevo trazado, sólo válida para uso agrícola (...) ya que probablemente contaban con ese agua para sus planes de desarrollo urbanístico".

El presidente de la CHJ, Juan José Moragues, arguyó que "la sostenibilidad de una cuenca no puede garantizarse a costa de otra" y que el cambio se debe exclusivamente a razones "medioambientales".

En cambio, el presidente de la Junta de Usuarios del Vinalopó, Enrique Martínez, sostuvo que la reforma obedece "a un cambio político" pues "no existían razones económicas o medioambientales" para alterar el trazado.

Afirmó que el nuevo proyecto "soluciona sólo el 50 por ciento del problema" al no contemplar agua para consumo urbano, y, exhibiendo una fotografía con varios peces muertos tomada, según dijo, en Azud de la Marquesa, aseguró que "la parte última del río (Júcar) es veneno" y que su trasvase pone en peligro la agricultura de la zona. El director de la oficina de la Generalitat valenciana en Bruselas, Juan Manuel Revueltas, consideró que "el primer trazado se ajusta mejor" a la normativa europea y que su cambio pone en riesgo la asignación de fondos comunitarios.

Tras oír las alegaciones de los peticionarios, el grupo Socialista, representado en el debate por el británico Michael Cashman y la española Mabel Salinas, y el de Los Verdes, por el español David Hammerstein, abogaron por que la comisión de peticiones archivase su propio expediente sobre el caso.

El del grupo del Partido Popular Europeo, Carlos Iturgaiz, defendió en cambio que el caso siguiese abierto, y se enviase una misión parlamentaria a la zona, al entender que "ha faltado transparencia en el Estado español" y que hay "incumplimiento de leyes, convenios y directivas europeas".

Los miembros de la comisión de Peticiones decidieron entonces, por 6 votos contra 5, cerrar el caso. EFECOM

adp/mdo

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