Empresas y finanzas

Competencia ve "perjudicial" la norma anti-VTC de Murcia y pide que la rehaga

  • Critica la precontratación de 30 minutos y el veto a la geolocalización y a compartir plazas
Una VTC y un taxi en Murcia

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que todavía preside Jose María Marin Quemada ha solicitado a Murcia que "revise en profundidad" la normativa con la que prevé regular a las VTC en su región ya que es perjudicial para los viajeros y atenta contra la libertad de empresa y de competencia. En Murcia apenas hay licencias registradas (108) pero operan tanto Uber como Cabify.

En concreto, el organismo asegura que el borrador de la normativa contiene restricciones y limitaciones "injustificadas" que tendrán un "impacto negativo sobre los ciudadanos y la actividad económica" por lo que recomienda a la región que lo modifique antes de que entre en vigor. "El borrador remitido por la Región de Murcia contiene varias restricciones sobre la competencia que perjudicarían a los usuarios finales", señala el superregulador en el análisis que ha realizado.

"Contiene limitaciones injustificadas que tendrán un impacto negativo sobre los ciudadanos y la actividad económica"

La normativa para regular las VTC de Murcia sigue los patrones de otras Comunidades Autónomas como Cataluña o País Vasco, que también han sido criticadas por el regulador, ya que hace especial hincapié en los plazos de precontratación, el registro telemático del viaje y otra serie de limitaciones, como la de circular en vacío o aparcar en la calle. "Las limitaciones no cumplen los requisitos de necesidad y proporcionalidad" y atentan contra el derecho a la libertad de empresa recogido por la Constitución (Artículo 38) y en la normativa de transportes estatal, apunta el organismo.

De los once puntos que conforman la normativa, la CNMC pide a Murcia que cambie o revise siete, ya que "generan discriminación entre el modelo que limita y el resto". Y es que muchas de las medidas solo se aplican a las VTC y no al taxi, lo que supone atentar contra la libertad de competencia y ha llevado a la justicia a tumbar varias normas anti Uber y Cabify.

Genera discriminación entre las VTC y los taxis ya que muchas normas son para los primeros

En concreto, el organismo critica que la región haya introducido 30 minutos de precontratación, el doble que en Cataluña, y que haya abierto la puerta a los ayuntamientos a ampliar el plazo. Así, el superregulador que presidirá Cani Fernández recomienda a Murcia que "la regulación autonómica elimine esta restricción", que sólo se aplica a las VTC, ya que "incrementa los costes de operación" y, por tanto, reduce su capacidad de competir en el mercado, "en detrimento de los usuarios finales".

También solicita al gobierno murciano que "valore la posibilidad de permitir la contratación por plazas" tanto para taxis como para VTC ya que "podría introducir más eficiencia en la prestación del servicio" y ayudar a reducir la congestión del tráfico y las emisiones.

Otro de los puntos más criticados por Competencia son las "limitaciones de geolocalización y estacionamientos en vías o parkings públicos y la obligación de disponer de una base en el territorio". La prohibición de la geolocalización, que solo afecta a las VTC, "limita el atractivo de la contratación por medios digitales y perjudica a los usuarios", señala la CNMC.

En esta línea, la obligación de volver a la base tras cada servicio resulta contraproducente para los alcanzar los objetivos de reducción de la congestión y las emisiones de CO2 y se elevan los costes de la actividad de las VTC por los viajes en vacío, lo que hace que su servicio sea menos atractivo para los viajeros.

Libertad de empresa

Tanto la exigencia de que la base física esté en Murcia como que cada coche tenga que estar un mínimo de dos años vinculado a una licencia limita el acceso a la actividad y supone "un acceso discriminatorio", por lo que la CNMC pide que se replantee.

Otro de los artículos polémicos es el descanso semanal obligatorio, ya que fija los días en los que se tienen realizar (uno en fin de semana y otro de lunes a viernes), restringiendo la libertad de empresa y a la potestad de auto-organización empresarial. En este punto, señala que se debe cambiar la normativa para que los taxis tengan más flexibilidad y libertad y que ambos servicios puedan competir en igualdad de condiciones.

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