Empresas y finanzas

Las mascarillas con destino a España se desviarán a otros países por la confiscaciones aduaneras

  • Cientos de miles de mascarillas están retenidas en los aeropuertos
  • Los importadores han congelado los envíos para no perder sus inversiones
  • El consejero de Salud de Andalucía reclama al ministro la resolución del conflicto

Las mascarillas sanitarias que inicialmente tenían su destino en España corren serio riesgo de desviarse a otros países por culpa de las incautaciones de estos productos en los aeropuertos españoles. Así lo reconoce a elEconomista.es un representante de una de las empresas importadoras de este tipo de artículos. "Si no podemos cumplir nuestros pedidos y distribuirlas en España ante las confiscaciones en la aduana, seguro que abundarán las ofertas de otros países también acuciados por la compra en cantidades millonarias de estos accesorios", apuntan.

Cientos de miles de mascarillas encargadas por empresas españolas en China se encuentran estos días bloquedas en su origen, según han estimado a elEconomista.es fuentes de los importadores de estos productos. Ninguno de estos accesorios sanitarios, así como geles desinfectantes, puede llegar a los hospitales y residencias debido a la incierta situación que afecta a este sector.

A grandes rasgos, las empresas esperan con impaciencia un cambio radical en la política de confiscaciones de estos productos en los aeropuertos españoles.Para evitar un posible uso especulativo de las mascarillas con motivo de la crisis del coronavirus, el Ministerio Sanidad decidió incautar las remesas de productos para luego proceder al reparto a través de sus vías o criterios. Esa situación afectó "a justos por pecadores" y según denuncian las empresas afectadas, "el remedio ha podido ser peor que la enfermedad".

El problema surge cuando muchos clientes, entre ellos importantes centros hospitalarios y grupos de residencias de ancianos, se encuentran estos días desprovistos de mascarillas y sin que sus proveedores puedan satisfacer los pedidos. "Tenemos las mascarillas bloqueadas en China y estamos deseando dar la orden de envío, pero sólo lo haremos cuando nos aseguren que no será retenido y confiscado en los puertos y aeropuertos españoles", indicaron el pasado martes fuentes de los productores de mascarillas.

Entre los afectados se encuentra la propia Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Salud y Familias. Según una carta remitida al ministro de Sanidad Salvador Illa, registrada en la sede ministerial el pasado 17 de marco y a la que ha tenido acceso elEconomista.es, el consejero Jesús R. Aguirre pone de manifiesto "la situación de absoluta precariedad en que el Sistema Público de Salud de Andalucía hasido abocado tras el requisamiento de 150.000 mascarillas el pasado domingo 15 de marzo a nuestro principal proveedor de dicho material y que mantenía un suministro regular de aproximadamente 200.000 mascarillas semanales". Acto seguido, el responsable de la Sanidad andaluza explica al ministro del ramo que su comunidad "comienza a sufrir las consecuencias de dicha escasez por lo que tanto la seguridad de los pacientes como de los profesionales se esta poniendo en riesgo". Entre otros problemas, la comunidad andaluza percibe que "apenas tiene existencias para el resto de la semana". Y todo ello sucede pese a que Andalucía disponía de una "gestión de compra con previsión adecuada la nuestra proyección de consumo ante la actual contingencia, su adecuada distribución y administración de stocks". Según el mismo documento, el consumo semanal previsto son de 250.000 mascarillas quirúrgicas, 30.000 FFP2 (con protección respiratoria de tipo atóxico y no fibrogénicos de polvo) y 20.000 FFP3 (con protección eficaz frente a los tipos venenosos y perjudiciales de polvo, humos y aerosoles). Explicado todo lo anterior, y ante "la situación de extrema gravedad generada" el departamento que lidera Aguirre exige al Gobierno de España que se "garantice de manera inmediata a los andaluces el suministro eficiente para atender las necesidades descritas" y que se tenían "perfectamente programadas" por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.

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