Empresas y finanzas

Los precios agrícolas, congelados desde hace 15 años

Foto: Archivo
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La actividad en el campo no es rentable. Desde 2005, los precios que reciben agricultores y ganaderos por sus productos no han variado, según se desprende de los datos del Observatorio de Alimentos de Eurostat.

Durante estos 15 años, el comportamiento de los precios agrarios ha sido muy distinto al registrado en los productos transformados, que han crecido un 27% o los importados, que han aumentado un 47%. En el caso de las producciones primarias, medidos en términos constantes, lejos de que se haya producido un incremento, han retrocedido una décima.

Los bajos precios en origen han sido el principal detonante de las movilizaciones agrarias que desde finales de enero se prodigan por la geografía española. A ello se ha unido una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional aprobada por el Gobierno, la tercera consecutiva en dos años, que ha disparado los costes laborales.

Para el economista Javier Santacruz, el análisis de los precios es importante, pero tiene más relevancia observar cómo se ha repartido el valor añadido entre los eslabones de la cadena a la hora de buscar soluciones a los problemas del sector. "Si te quedas con los precios ves la película a la mitad. En la otra mitad nos daríamos cuenta de que la parte que tiene el menor valor añadido a lo largo de la cadena es la del productor".

Santacruz recuerda que a nivel de producción primaria "España tiene una estructura donde se produce a graneles, de forma masiva, donde no hay integración y no hay ni siquiera marketing como valor tangible. De lo que se trata es de invertir ese proceso o al menos repartirlo para que aquellos eslabones que no están al mismo nivel tecnológico ni han avanzado igual lo hagan".

Reequilibrio

El reequilibrio de la cadena de valor es el principal objetivo de la Mesa de Diálogo que ha abierto el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con las organizaciones agrarias para desactivar las protestas del sector, que no pierde intensidad. El reto de equiparar a los distintos eslabones es compartido también por la Industria y la Distribución, que no obstante dejan claro que el problema no se debe a que fijen márgenes excesivos.

En un intento de desviar la atención sobre el malestar que la subida del SMI había generado en el sector, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, culpó a la Distribución de la crisis del campo. "Es evidente que las grandes distribuidoras tienen que hacer un examen, una autocrítica, y tenemos lógicamente que introducir mucha más transparencia para defender al pequeño y mediano agricultor y ganadero, que ahora mismo están viendo desgraciadamente cómo los precios bajan y bajan".

"No hay eslabones de la cadena que engordan artificialmente los márgenes porque no podrían competir en precio"

La Distribución no quiere ser el chivo expiatorio. "Hay una situación grave en el campo que comprendemos, y estamos dispuestos a ayudar para que se solucione", sostiene Ignacio García Magarzo, director general de Asedas, que aglutina a cerca del 70% de la superficie comercial de la distribución alimentaria en España.

Para García Magarzo la propia competitividad del sector, que opera con bajos márgenes y cuyos precios están cinco puntos por debajo de la media europea, "garantiza que no hay eslabones de la cadena que engordan artificialmente los márgenes porque no podrían competir en precio". "Entendemos que la solución fácil es pedir ayuda a la Distribución, y nosotros estamos dispuestos a ayudar para mejorar la regulación, pero con una premisa: nadie nos puede pedir que subamos artificialmente los precios porque eso sería hacer pagar al consumidor la ineficiencia del sistema", señala el director general de Asedas.

Sólo el 7%

De los cerca de 18.000 millones de euros de producción hortofrutícola, la distribución organizada absorbe poco más de un 7%, según la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), que sitúa los márgenes de beneficio del sector entre el 1 y el 2%.

A falta de medidas concretas, Planas ha avanzado que quiere modificar la Ley de la Cadena Alimentaria para dotarla de mayor transparencia y acabar con la venta a pérdidas. "Hace falta saber con qué márgenes funciona cada uno, los agricultores protestan y en muchos casos es porque los costes de producción se han disparado. Hay que identificar los márgenes de cada elemento, desde la producción, la industria, la distribución y los consumidores", dice Planas. El ministro quiere abrir una "reflexión colectiva" entre los diferentes eslabones de la cadena para conseguir unos "precios que sean más significativos y elevados" para agricultores y ganaderos, pero sin que supongan una subida para los consumidores.

Las organizaciones agrarias Asaja, UPA y Coag ven positiva la modificación de la Ley de la Cadena, pero insisten en su principal reivindicación: fijar unos precios mínimos para los agricultores.

El precio de los alimentos se multiplicó por 4,15 veces del campo a la mesa en enero

Pedro Barato, presidente de Asaja, es claro: "Si son tan valientes para hacer un decreto ley para que suba el salario mínimo, que hagan otro para que no se pueda vender un producto por debajo de los costes de producción". En términos parecidos se ha mostrado, Lorenzo Ramos, secretario general de UPA: "Tienen que cambiar las reglas del juego porque los agricultores y ganaderos no aguantamos más con unos precios por debajo de lo que nos cuesta producir".

En términos más gráficos, COAG ha vuelto a denunciar las diferencias entre lo que cobran los agricultores y lo que pagan los consumidores. Su último Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) reflejaba que el precio de los alimentos se multiplicó por 4,15 veces del campo a la mesa en enero. Como ejemplo, la patata y la cebolla se paga un 600% más en el supermercado que lo que cobra el productor.

Venta a pérdidas

Otro de los objetivos del ministro con la modificación de la Ley de la Cadena es acabar con la venta a pérdidas. Aquí, el Ejecutivo también puede chocar con la sentencia de octubre de 2017, el Tribunal de Justicia Europeo dictaminó que la legislación española, que impedía hasta entonces al comercio vender por debajo de costes de forma general, no se ajustaba al derecho comunitario.

También Unión de Uniones se ha opuesto a la nueva subida del SMI. La organización recuerda que los rendimientos agrarios medios declarados por los profesionales del sector -aquellos cuyas rentas agrarias superan el 75% de sus rentas totales- alcanzarían los 11.805 euros de media en los últimos cuatro años, por lo que se situarían un 11% por debajo del Salario Mínimo Interprofesional de 13.300 euros brutos anuales establecido para 2020.

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