Los agricultores y ganaderos españoles han encontrado un nuevo aliado en su lucha por unos precios justos en el campo. Fiab, la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas, que representa los intereses de las casi 32.000 empresas existentes en el sector, ha decidido dar un paso adelante y salir en su defensa, acusando a las cadenas de distribución del deterioro de los márgenes en el resto de la cadena.
"Estamos del lado de los productores porque nuestros problemas son los mismos que los de ellos", asegura Mauricio García Quevedo, el director general de la patronal.
Y es que la alimentación lleva años denunciando prácticas abusivas, como la venta por debajo de costes en el comercio, la ruptura unilateral de contratos o la copia de productos para su desarrollo posterior con marca blanca.
"Al igual que ellos, nosotros tenemos que enfrentarnos también a una fuerte presión en los precios por parte de la distribución, estamos sufriendo las consecuencias de los aranceles impuestos por el Gobierno de Donald Trump y el incremento de los costes tras la subida, por ejemplo, del salario mínimo", explica García Quevedo.
Aunque no han estado exentos de críticas también por el sector primario, la industria recuerda que la estructura del sector está compuesta en su mayor parte por pymes. De hecho, y según los datos del Ministerio de Agricultura, el 96,5% de las empresas tiene menos de 50 empleados. Pero es que el 79,8% no llega ni siquiera a diez. García Quevedo no oculta por ello su preocupación por el incremento de los costes laborales, que pueden arrastrar a una situación muy complicada al sector en muchas zonas de España, provocando una pérdida de competitividad.
El sector reclama mejorar la Ley de la Cadena Alimentaria y dejar clara la prohibición de la venta a pérdid
Y todo en un entorno especialmente complicado, con la distribución apretando desde hace años en los márgenes en una guerra de precios que parece no tener fin. Entre otras cosas, el sector reclama mejorar la Ley de la Cadena Alimentaria y dejar clara la prohibición de la venta a pérdida por parte de las grandes cadenas de distribución. En 2017 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tumbó la legislación española al entender que establecía una prohibición de carácter general y que no se ajustaba por lo tanto al derecho comunitario.
En 2005 la directiva europea había establecido de una forma clara y precisa cuáles son las prácticas desleales en las relaciones comerciales, y que pueden, por lo tanto prohibirse de un forma generalizada sin necesidad de un examen previo.
Prácticas irregulares
Y el problema de fondo es que en ese listado, con un total de 31 prácticas irregulares, no se incluyó en ningún momento la venta por debajo de costes, prohibida en España desde el año 1996 por la Ley de Ordenación del Comercio Minorista con carácter general salvo en dos excepciones: cuando se trate de productos perecederos que estén próximos a su fecha de caducidad o cuando se trate de acercar los precios a los de otros competidores.
La sentencia del Tribunal de Luxemburgo dejó en el aire la normativa española hasta que a finales de 2018 el Gobierno aprobó un decreto ley que, según explica ahora el director general de la patronal alimentaria, "prohibía la venta por debajo de costes pero dejaba en manos de la interpretación de los jueces la decisión final". Desde Fiab reclaman, por todo ello, "seguir los pasos de Francia, que tiene una regulación mucho más clara y que, en ningún momento, ha sido cuestionada por Europa".
El sector de la alimentación representa el 3% del Producto Interior Bruto (PIB) español y el 16% del total de la industria. Con pequeñas empresas en casi cada pueblo, desde Fiab recuerdan que la industria transforma el 70% de las materias primas y es vital para la lucha contra la despoblación, el desarrollo local y la vertebración del territorio.
El Gobierno se ha comprometido este lunes a reformar la Ley sobre la cadena alimentaria en 2020 y que en el borrador de estudio se incluya el debate sobre la práctica de la venta a pérdidas por debajo de los costes de producción, una de las principales reclamaciones del sector agroalimentario.
El pasado lunes, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, mostró ya su disposición a llevar a cabo mejoras en la Ley de la cadena alimentaria tras mantener el primer encuentro de la mesa de diálogo agrario con las organizaciones Asaja, COAG y UPA, creada tras las manifestaciones de los últimos días.
Planas presentó también un paquete de propuestas que incluye revisar la Ley de organizaciones interprofesionales
En este sentido, el titular de Agricultura reconoció que uno de los retos de la reforma es "incluir las prácticas de competencia desleal" y "evitar la venta a pérdidas". Así, espera que el borrador pueda llegar al Congreso en el curso de este año. Junto a ese compromiso de modificar la actual Ley de la cadena, Planas presentó también un paquete de propuestas que incluye revisar la Ley de organizaciones interprofesionales o intentar aumentar la dotación para los seguros agrarios en los próximos Presupuestos Generales del Estado.
El objetivo de la modificación será adaptar la normativa a la directiva comunitaria y darle un "papel más significativo a cada uno de los eslabones de la cadena", lo que incluirá todas las figuras relativas a las prácticas de competencia desleal registradas en la norma comunitaria, según explicó el titular de la cartera en rueda de prensa.
