Eliminar los copagos de manera progresiva, reducir los conciertos con la sanidad privada o poner fin al progresivo aumento del déficit de profesionales sanitarios son algunas de las iniciativas prometidas por el nuevo gobierno que van a tener un impacto importante en las cuentas públicas. El modelo de Estado que tiene España, donde la Sanidad está transferida a las comunidades autónomas pero hay legislación que se realiza desde el Gobierno central, provoca que estas y otras propuestas se tomen desde Madrid y lo sufran los presupuestos autonómicos. Una situación que en sanidad es tónica habitual y que las comunidades han lamentado en más de una ocasión no contar con una financiación adicional (e incluso finalista) para llevarlas a cabo.
El informe publicado por el Ministro de Hacienda pone cifras al reparto presupuestario que realizan las comunidades autónomas en las distintas políticas. La sanidad está a la cabeza, con un gasto total de 63.087 millones de euros, lo que supone un 35,8 por ciento. De hecho, la segunda partida en importancia, educación, queda muy lejos de esta cifra y supone un 21,7%. La tercera en discordia sería el pago de la deuda pública, que se sitúa en el 15,3%. Pero los ya de por sí exhaustos presupuestos autonómicos tendrán que soportar un incremento notable para soportar las tres medidas estrella en materia sanitaria.
Eliminar los copagos de manera progresiva tendrá un impacto de 600 millones anuales una vez se hayan incluido a todos los pensionistas, algo que se pretende conseguir al final de la legislatura. A esta cifra habría que sumarle la de los conciertos con la sanidad privada. El objetivo de Unidas Podemos y el PSOE es reformar la Ley 15/1997 que abrió la puerta a nuevas fórmulas de gestión en la sanidad. La traducción es ir revirtiendo los conciertos existentes. Según los datos aportados por la patronal de los hospitales privados (ASPE), estas concesiones suman 7.450 millones, una cifra que se incrementaría si la gestión fuese pública directamente, según diversos expertos.
La tercera promesa gubernamental, que responde a una necesidad real como es solucionar el déficit de profesionales, es otro de los compromisos que mayor coste comportará a las comunidades autónomas. Aquí los datos son más difíciles de extrapolar pero una aproximación podría indicar que el coste de aumentar las plantillas podría ser, al menos, 877 millones anuales. La cifra se explica a partir del dato oficial ofrecido por el Ministerio de Sanidad a través del informe 'Estimación de la oferta y demanda de médicos especialistas'. España 2018-2030, donde se asegura que en 2025 el déficit de profesionales será del 12% a partir de la cifra de 138.000 médicos que trabajan en el sistema sanitario (16.560 profesionales). Si a esta cifra que habría que contratar se le aplica un sueldo medio (53.000 euros según un informe también del Ministerio) la cifra resultante —de carácter anual— sería 877 millones de euros.
Tensión presupuestaria
La suma de las tres partidas implicaría que, a nivel nacional, las comunidades tendrían que aumentar sus presupuestos en 9.270 millones de euros. Si la cifra que ofrece hoy Hacienda es de un gasto de 63.087 millones de euros y un 35,8%, la nueva cifra se situaría en los 72.270 millones y un porcentaje del 41%, lo que implicaría un incremento presupuestario (de media nacional) del 12,5%. Es cierto que bajando al nivel de comunidad a comunidad es difícil saber cómo estas promesas del Gobierno central afectarían. Varios territorios tienen un déficit de profesionales menor (por circunstancias como su carácter rural o mejor planificación); también el copago afecta de manera desigual según el número relativo de pensionistas sobre la población total, así como los conciertos, que no están igual de desarrollados en todas las comunidades autónomas.
Con las escritas normas de techo de gasto y reducción del déficit que hay que cumplir por el compromiso con la Unión Europea, la solución tendría que venir por recortes en algunas partidas de gasto e incremento de la recaudación vía impuestos. Una de las medidas que se remitieron a Bruselas con las actualización del Plan de Estabilidad fue la inclusión de unas subastas de medicamentos a nivel nacional siguiendo un modelo parecido al que ha existido en Andalucía en los últimos 8 años. La ideóloga de este sistema de adquisición fue la actual ministra de Hacienda y la recomendación de extenderla a nivel nacional la hizo la Airef, cuyo presidente entonces, José Luis Escrivá, es hoy ministro de Seguridad Social y Migraciones en el Ejecutivo de Sánchez.
