Empresas y finanzas

Deoleo negocia con los Salazar para evitar el juicio por el desvío de 212 millones en 2008

  • Los antiguos gestores se enfrentan a 45 años de cárcel y 9,8 millones de multa
  • Un informe de la Agencia Tributaria negó que hubiera delito

Deoleo está negociando con los hermanos Jesús y Jaime Salazar, antiguos gestores y hasta hace una década accionistas de referencia de la empresa, una salida negociada a la batalla judicial que mantienen desde hace años por el presunto desvío en 2008 de 212 millones de la caja a sociedades particulares, según han confirmado fuentes próximas al proceso, aunque ni la empresa ni los Salazar han querido hacer comentarios.

El próximo día 30 de abril se cumplen precisamente once años desde que el consejo de administración de la antigua SOS Cuétara, la actual Deoleo. acordara la destitución de ambos tras descubrir los hechos. En ese momento, Jesús Salazar, presidente y consejero delegado de la compañía en ese momento, era el primer accionista con una participación del 17,68% y su hermano Jaime, vicepresidente primero y también consejero delegado, era dueño de otro 10,54%.

Tras la presentación de una querella contra ellos por parte de la compañía en la Audiencia y después de siete años de instrucción, el 27 de septiembre de 2016 el entonces titular del juzgado número 4, Fernando Andreu, acordó en un auto la apertura de juicio oral, sentando a ambos en el banquillo junto a otra serie de directivos.

A la espera del inicio del juicio

A la espera todavía de la celebración del mismo, los Salazar se podrían enfrentar así a 45 años de cárcel y una multa de 9,8 millones de euros en total, de acuerdo con las peticiones realizadas por la Fiscalía por el presunto desfalco de la empresa. Durante los años 2007 y 2008 y, de acuerdo con el auto dictado por el juez, "los acusados, actuando de común acuerdo en perjuicio de la sociedad, valiéndose de sus posiciones en la compañía, fueron transfiriendo cantidades dinerarias desde la tesorería de SOS, sin que conste que dicha operativa fuera autorizada formalmente por sus órganos de administración".

Los Salazar han mantenido sin embargo en todo momento se trataba de una operación corporativa. Según han defendido durante la instrucción, informaron en 2008 al consejo de administración de una transferencia de dinero a su patrimonial Condor Plus con el objetivo de comprar acciones de la compañía y venderlas posteriormente a un fondo soberano de Libia.

En una reunión posterior de la Comisión de Estrategia, el 27 de febrero de 2009, las cajas de ahorros presentes en el capital habrían pactado entonces formalizar esa deuda a través de un préstamo a cuatro años, a interés de mercado, cuyo importe total era de 213 millones: el principal de 186 millones más los intereses. Los hermanos Salazar ofrecieron como garantía sus propias acciones en la compañía, que ya estaban hipotecadas, y las cajas se comprometieron a acudir a su rescate. El problema de los antiguos gestores del grupo SOS fue que tras la quiebra de Lehman Brothers el fondo libio abandonó la operación y ambos se quedaron atrapados con las acciones cayendo.

Las negociaciones se han iniciado después de que un informe de Hacienda haya dado la razón a los Salazar, negando la existencia de delito alguno, frente a lo que dijo el juez Fernando Andreu en el auto por el que acordó sentarles en el banquillo. Hacienda mantiene que había una "maraña de sociedades, inversiones y relaciones financieras de lo más complejo, desordenado y heterodoxo" pero concluyó también que tras el análisis de dicho entramado la conclusión es que "la enorme acumulación de pérdidas reales en estas sociedades generadas como consecuencia de la pérdida casi total de valor de sus activos, hace imposible que exista en ellas ilícito tributario alguno".

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