Los antiguos gestores del grupo SOS Cuétara -la actual Deoleo- se enfrentan a 45 años de cárcel y una multa de 9,8 millones de euros en total, de acuerdo con las peticiones realizadas por la Fiscalía por el presunto desfalco de la empresa.
Con fecha de 27 de septiembre, el titular del juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha acordado en un auto la apertura de juicio oral, sentando en el banquillo, entre otros, a los hermanos Jesús y Jaime Salazar, expresidente y exconsejero delegado de la compañía respectivamente, además de otros directivos y personas afines que habrían colaborado en la trama.
Durante los años 2007 y 2008 y, de acuerdo con el auto, "los acusados, actuando de común acuerdo en perjuicio de la sociedad, valiéndose de sus posiciones en la compañía, fueron transfiriendo cantidades dinerarias desde la tesorería de SOS, sin que conste que dicha operativa fuera autorizada formalmente por sus órganos de administración". Después de años de pesquisas, la Fiscalía apunta que los acusados, en referencia a Jesús y Jaime Salazar, "se habrían apropiado presuntamente de una cantidad superior a 200 millones de euros".
Embargo
En su auto, el juez acuerda además mantener las medidas cautelares que se fijaron contra ellos hace seis años, como el embargo de todos sus bienes, y una fianza total por responsabilidad civil de 240 millones de euros para los dos hermanos Salazar, que deberán afrontar tanto ellos como, de forma subsidiaria, sus sociedades Unión de Capitales y Cóndor Plus, entre otras.
Fuentes jurídicas consultadas por este periódico han confirmado que la fiscalía pide, en concreto, 19 años de cárcel y 4 meses para Jesús Salazar, además de una multa de 7,5 millones de euros; para el que fuera su número dos, su hermano Jaime, se piden, en la misma línea, 10 años y 4 meses, al margen de una multa de 1,5 millones.
El exconsejero Pascual Carrión se enfrenta a dos años y 804.000 euros de multa, mientras que para el resto se pide únicamente cárcel, pero no sanción económica. Son 2 años y 6 meses para el exdirector financiero, Roberto Salazar; y la misma pena para el exdirector de Operaciones Esteban Herrero y dos administradores de sociedades ligadas a los Salazar, Pedro Barragán e Iñigo Zunzunegui. La esposa de Jesús Salazar, Patricia Esteban, afronta asimismo 2 años de cárcel y su suegro, Antonio Esteban, un año.
El Ministerio Público considera que los Salazar utilizaron la sociedad Cóndor Plus para transferir estos fondos -propiedad de SOS Cuétara- y repartirlos entre diferentes firmas vinculadas a ellos, llevándoselo posteriormente a Luxemburgo y Suiza. De hecho, están acusados de los delitos de apropiación indebida, estafa, blanqueo, delito societario y contra el mercado.
La querella original -que se ha ampliado en dos ocasiones- fue interpuesta por la propia empresa en el año 2009, apenas unas semanas después de que el consejo acordara su cese tras detectar la existencia de un crédito de 204 millones concedido a principios de 2008 a Cóndor Plus, una firma controlada por Jesús y Raúl Jaime Salazar. Este presunto desvío de dinero arrastró a la empresa a una situación límite, obligándola a vender el arroz SOS y las galletas Cuétara para centrarse en el aceite. Es una situación que con el paso del tiempo se ha conseguido subsanar, rebajando la deuda de 1.500 millones a 500 millones de euros.
La defensa
Durante la fase de instrucción, los Salazar defendieron que no hubo ningún desvío de dinero, sino una operación puramente empresarial, respaldada y avalada, según declararon, por Unicaja, Cajasur, Cajasol y Caja Granada. Durante su defensa argumentaron que estas entidades dieron luz verde al crédito de 200 millones que la compañía concedió a Cóndor Plus, otorgando garantías adicionales al mismo.
El objetivo, según decían, era comprar acciones de la empresa para poder facilitar así la entrada de un fondo soberano libio, y no desviar dinero.
