Empresas y finanzas

La Cataluña 'indepe' y su imposible soberanía energética con renovables

  • El Govern deroga la norma local que impedía la construcción de parques eólicos o fotovoltaicos
Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña. Foto: EFE

La indepe Cámara de Comercio de Barcelona ha aprobado una estrategia de 15 puntos para implantar un nuevo modelo económico en Cataluña con vistas al horizonte de 2030 a 2040, al objeto de librarse "de un modelo español que nos condena a la pobreza", por usar las palabras pronunciadas por su indepe presidente, Joan Canadell, pronunciadas junto a al indepe presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Uno de los puntos destacados de la estrategia indepe es "conseguir la soberanía energética basada en renovables". No podía ser menos, porque toda entidad política que se precie aspira a la independencia energética; la misma España debe importar casi el 74% de los recursos energéticos que precisa -en la UE el nivel de dependencia está en el 53%-, lo que nos provocó un impacto negativo en la balanza de pagos de 25.132 millones de euros el año pasado.

Quizá viable sólo a escala continental

Sin embargo, es imposible alcanzar la soberanía energética que buscan los indepes con las renovables. La UE anda detrás de ello y tiene como objetivo lograrla a mediados de siglo, pero aún no sabe cómo y, lo que es más importante, tiene claro que sólo la conseguirá a escala continental, aprovechando los vientos de los mares del norte y el sol del Mediterráeno, aumentando las interconexiones y la interdependencia de los estados miembro; justo lo contrario de lo que proclama el ideario indepe. Aunque no parece que eso importe a los indepes, más preocupados por generar ruido que por la viabilidad de sus propuestas.

El nacionalismo catalán siempre había mirado a las centrales nucleares de Ascó y Vandellós como su gran baza para alcanzar la ideal soberanía energética. Pero algún indepe cayó en la cuenta de que el uranio llega del extranjero y de que una parte relevante de los catalanes recela de la energía del átomo, por lo que se aparcó la idea. Incluso se promulgó su cierre para 2027 en el articulado de una indepe Ley de cambio climático autonómica que el Tribunal Constitucional tumbó el pasado julio por invadir competencias del Estado.

Aparcada la opción nuclear, el ideario indepe ha abrazado con pasión la bandera de las renovables. Además de estar de moda, no generan rechazo social y, como explotan recursos autóctonos, son una vía para alcanzar la soberanía energética. De hecho, el Constitucional también anuló otras disposiciones de la referida Ley que establecían un 50% de participación de la energía verde en el sistema eléctrico catalán en 2030 y del 100% en 2050, por la misma razón, invadir competencias del Estado.

El tripartito encabezado por José Montilla promulgó en 2009 un decreto que ha impedido el desarrollo de las renovables

Ha habido otras muestras recientes del gusto indepe por las fuentes limpias; por ejemplo, en mayo, la Generalitat declaró la emergencia climática y ambiental -España lo hizo en septiembre-, y en ese momento se emplazó a fomentar las renovables y la lanzar una estrategia territorial para la implantación de renovables, fundamentalmente eólica y fotovoltaica. La semana pasada aprobó la memoria preliminar de una futura Ley de transición energética que nuevamente aspira al 100% de renovables en 2050, como si el Constitucional no hubiera dicho nada.

No estaría mal tanto despliegue, si no fuera porque las fuentes verdes están paralizadas en Cataluña desde hace una década.

El tripartito encabezado por José Montilla promulgó el Decreto 147/2009, que ha impedido el desarrollo de las renovables. El propio director general de Energía de la Generalitat, Pere Palacín, dijo en mayo que, por culpa de esta norma "prácticamente está suspendido de facto poder hacer algún parque eólico o fotovoltaico en Cataluña".

Una legislación autonómica absurda

Ese decreto estableció unas Zonas de Desarrollo Prioritario para la energía eólica con tantas consultas y vetos que ha sido prácticamente imposible construir instalaciones. Y en el caso solar es aún peor, porque prohíbe directamente su instalación en suelo rústico y, de un modo totalmente absurdo, obliga a dejar nada menos que 500 metros entre las instalaciones de captación solar.

El resultado es que Cataluña, como revelan los datos de REE, sólo ha captado el 1,8% de la potencia eólica en tramitación. Y en relación a la potencia fotovoltaica, de los 3.000 MW que se pueden instalar en España este 2019, sólo el 1,9% lo hará en el territorio, un balance ciertamente paupérrimo para unos indepes que buscan la soberanía energética.

En mayo, la Generalitat anunció la derogación del Decreto 147/2009 el pasado octubre, pero Torra, sorprendentemente, anunció que retrasaba la medida tres meses. Al día siguiente, no obstante, la consellera de Empresa, Angels Chacón, corrigió a su jefe y anunció que se derogaría el 26 de noviembre, como muy tarde. Y efectivamente, así ha sido.

En una rueda de prensa, la indepe Chacón ha explicado esta mañana que se ha aprobado un decreto-ley que deroga el Decreto 147 y elimina las barreras existentes: ya no hay zonas especiales para la eólica, ni restricciones sui generis para los paneles solares. 

El objetivo ahora es alcanzar 4.000 MW eólicos y 6.000 MW fotovoltaicos en 2030, partiendo de los 1.270 MW eólicos y 276 MW fotovoltaicos actuales. Honradamente, Chacón ha confesado que Cataluña está "bastante lejos" de esos objetivos. Ojalá se consiga, aunque sea quimérico que las renovables otorguen la independencia energética a un territorio tan pequeño.

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comentariosforum5

pepe
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Tal vez los catalanas no puedan ser independientes en energía renovable, pero desde luego Castilla la Mancha sí, tal vez deberían pagar los impuestos fiscales allí en lugar de en Madrid que es quien "chupa" la electricidad y se lleva el impuesto de sociedades.

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#1
Manuel
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Si compras productos catalufos, estas ayudando a los independentistas, mejor ayudar a otras regiones.

Puntuación -3
#2
Artículo de opinión o noticia
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Buenas tardes,

A mi parecer la noticia es muy interesante, pese a que la palabra "indepe" la consideraría más un vulgarismo que una palabra recogida en la RAE la cual aparece en prácticamente cada párrafo.

Un saludo,

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#3
Raul
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En España no se pueden tener centrales nucleares. Porque somos los más superguays. Pero Francia tiene 138 reactores, al ladito NUESTRO!

Y LA GENTE SE SIGUE QUEJANDO DEL PRECIO DE LA LUZ Y DE LA BAJA INDUSTRIALIZACIÓN DE ESPAÑA... ME Parto!

La energía nuclear es la más barata y más limpia que podemos producir a día de hoy...

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#4
Usuario validado en elEconomista.es
JOSOVI
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En lugar de mofarse de los "indepes", como hace ElEconomista, más de una vez se tendría que preguntar el por qué de la situación actual. Aquí un pequeño resumen.

Cataluña es un país donde su Parlamento aprueba cobrar un impuesto en los bancos para grandes fortunas y el Tribunal Constitucional lo tumba (porque sólo beneficia a los catalanes, pero el Gobierno Central no aprueba una que beneficie a todos los españoles).



Cataluña es un país donde su Parlamento aprueba proteger los ciudadanos que han sido estafados por hipotecas o preferentes y el Tribunal Constitucional lo tumba (porque sólo beneficia a los catalanes, pero el Gobierno Central no aprueba una que beneficie a todos los españoles).

Cataluña es un país donde su Parlamento aprueba garantizar que las familias pobres tengan luz, agua y gas los meses de invierno y el Tribunal Constitucional lo tumba (porque sólo beneficia a los catalanes pobres, pero el Gobierno Central no aprueba una que beneficie a todos los españoles pobres).



Cataluña es un país donde su Parlamento aprueba cobrar un impuesto por cada piso vacío y dedicarlo a alquiler social y el Tribunal Constitucional lo tumba (porque sólo beneficia a los catalanes, pero el Gobierno Central no aprueba una que beneficie a todos los españoles).



Cataluña es un país donde su Parlamento aprueba hacer políticas de igualdad entre hombres y mujeres y el Tribunal Constitucional lo tumba (porque sólo beneficia a las mujeres catalanas, pero el Gobierno Central no aprueba una que beneficie a todas las españolas).

Cataluña es un país donde su Parlamento aprueba cobrar un impuesto a las centrales nucleares y destinar el importe a la protección ambiental y el Tribunal Constitucional lo tumba (porque sólo beneficia a la protección medioambiental de Cataluña, pero el Gobierno Central no aprueba una que proteja el medioambiente de todos los españoles).

Cataluña es un país donde su Parlamento aprueba prohibir el fracking y el Tribunal Constitucional lo tumba (porque sólo deja de perjudicar a los catalanes, pero el Gobierno Central no aprueba una que deje de perjudicar a todos los españoles).

Cataluña es un país donde su Parlamento aprueba cobrar una tasa a las operadoras de Internet para dedicarlo a la cultura y el Tribunal Constitucional lo tumba (porque sólo beneficia a la cultura de los catalanes, pero el Gobierno Central no aprueba una que beneficie a la cultura de todos los españoles).



Cataluña es un país donde su Parlamento aprueba prohibir las corridas de toros y el Tribunal Constitucional lo tumba (porque se han de imponer los toros, te gusten o no y, en éste caso, sólo beneficia a los catalanes, pero el Gobierno Central no aprueba una que beneficie a todos los españoles que no le gustan los toros).

Este resumen se lee en dos minutos, pero la lista –que podría ser el triple de larga- se ha ido gestando con años.



Faltan las becas universitarias, las infraestructuras ferroviarias, las matrículas a los coches, los horarios comerciales, y un centenar de competencias más en las que se le ha dejado claro que, por más mayorías que haya en el Parlamento, a la hora de la verdad quedarán en papel mojado porque la última palabra la tiene siempre Madrid.

Después de 38 años de Constitución y de inicio de la presunta descentralización el legado jurídico nos deja bien claro el modus operandi: se traspasa la competencia a la Comunidad Autónoma, se ejerce, pero si la ley no gusta a la administración estatal, una de dos: o el Tribunal Constitucional la tumba o se redacta una ley española que, tal como dice la Constitución, tiene un rango superior a la autonómica que, a la práctica, queda anulada.

Y cuando te preguntas si merece la pena continuar con un estado así, resulta que preguntártelo también está prohibido. Como también está prohibido –y con riesgo de prisión- permitir hacer un debate al Parlamento sobre cómo podría ser un estado que no prohibiera tanto.



Esto también está prohibido.

Y así, de prohibición en prohibición, cada vez hay más personas que en ninguna parte de hacerse la pregunta prohibida empiezan a tener ya la respuesta. Sin que nadie se lo haya preguntado porque está prohibido.

Y cuando después de una pregunta prohibida tienes una respuesta convencida? entonces ya no hay tribunal que lo tumbe.

(J.LL.)

Puntuación -2
#5