El Gobierno de Buenos Aires presentó una demanda en un tribunal de Madrid contra la empresa del metro de la capital española por la venta de trenes con amianto en 2011, y por la que pide una indemnización de más de 14 millones de euros.
La demanda fue presentada por Subterráneos de Buenos Aires, SBASE, una empresa del Gobierno de la capital argentina, que reclama que Metro de Madrid le ocultó que los 36 vagones que le vendió en 2011 contenían amianto, una sustancia cancerígena.
La presencia de amianto en los vagones generó alarma y protestas en los trabajadores del metro de Buenos Aires, aunque la compañía aseguró que esa sustancia no supone un peligro para pasajeros u operarios siempre que "no sea manipulado".
Por ello, el Gobierno bonaerense espera una sentencia "favorable" en la demanda, informaron este miércoles a Efe fuentes del Ministerio de Transporte de la capital.
"La demanda creemos que será favorable a Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) dados los incumplimiento legales del Metro (Madrid) tanto de la normativa española como argentina", afirmó un portavoz del Ministerio, quien agregó que hasta ahora se detectaron 10 trabajadores con engrosamiento de pleura, "posiblemente asociado al contacto con asbesto (amianto)".
Según afirmaron desde el Ministerio, la empresa madrileña nunca informó de la presencia de amianto en algunas de las piezas de los 36 vagones que les vendieron entre 2011 y 2012, y se enteraron a través de la prensa.
"Desde que trascendió en España la presencia de asbesto en las formaciones Caf 5000 sacamos los trenes de circulación inmediatamente. Formamos una comisión técnica con áreas de salud del Gobierno y los trabajadores para acompañarlos en este proceso. Además encaramos un proceso de desasbestizacion en conjunto con ellos", aseguraron.
Por su parte, Metro de Madrid colaborará con la Justicia aportando toda la información y la documentación que sea necesaria para el proceso, según han señalado a Efe fuentes del suburbano madrileño.
La demanda solicita la suspensión del contrato que contrajeron las dos entidades, lo que significaría que Metro de Madrid debería devolver las cantidades abonadas por los vagones, que volverían a ser de su propiedad.