Empresas y finanzas

La jueza que investiga la listeria en la carne descubre una trama fraudulenta de diez empresas

  • La magistrada cree que la cárnica Magrudis operaba con una red de testaferros
  • Se investiga también un posible alzamiento de bienes

El entramado Magrudis, la empresa responsable del mayor brote de listeriosis de la historia de España tras comercializar carne contaminada con la marca La Mechá, será investigado también por un posible delito de alzamiento de bienes. La jueza ha ordenado investigar las actividades económicas y los bienes, en total, de diez empresas y nueve personas "que pudieran estar realizando labores de testaferro".

La querella presentada por la organización de consumidores Facua el pasado 23 de agosto y la denuncia de la Fiscalía dieron lugar a la apertura del caso n el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla.

Ahora, un nuevo auto dictado por la magistrada Pilar Ordóñez une la insolvencia punible a la lista de delitos objeto de investigación en la causa por la que permanecen en prisión provisional sin fianza el considerado "administrador de hecho" de la trama, José Antonio Marín Ponce, y su hijo mayor, Sandro José Marín Rodríguez, propietario y administrador único de Magrudis SLU. El hijo pequeño, Mario, que figura como propietario y administrador único de Elaborados Cárnicos Mario SLU, quedó en libertad provisional con cargos.

En el auto, con fecha de 7 de octubre, la jueza indica que además de las dos sociedades citadas, "existen antecedentes mercantiles, de los que se deduce que José Antonio Marín Ponce ha tenido 5 empresas registradas y 4 de ellas han quedado sin actividad debido a créditos incobrables".

Se trata, en concreto, de Marín y Maldonado SL, Sanmasur SL, Sierra Encina SL, Estirpe de Jabugo SL y Embutidos El Patio SL, siendo las cuatro últimas las que paralizaron su actividad tras acumular deudas.

Empresas de la trama

Además, la magistrada pone de manifiesto que una de las cinco personas que fueron detenidas el pasado 24 de septiembre está vinculada a otras dos sociedades, Interweb Imagen SC y Rodríguez & Dorado Alimentación SL. También señala el auto que el 23 de agosto se tuvo conocimiento de la existencia de la empresa Comercial Martínez León, que comercializaba también productos procedentes de la trama investigada, "una información que fue ocultada por los responsables de Magrudis".

De acuerdo con el auto, "se deduce que con la creación de todas las entidades antes indicadas, se han obtenido grandes beneficios económicos, habiéndose creado una ingeniería mercantil dirigida de forma absoluta a prever los posibles problemas que puedan sobrevenir en el funcionamiento empresarial, tanto a nivel económico como sanitario, para lo cual ha utilizado a diferentes personas en su entorno".

La magistrada ha acordado encomendar a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia que realice "el estudio de las actividades económicas, tanto en España como en el extranjero, por parte de los investigados y de las personas vinculadas por lazos familiares que pudieran estar realizando labores de testaferros".

Facua averiguó asimismo la semana pasada que un hermano de José Antonio Marín Ponce, Pedro, figura como administrador único de una empresa cárnica sin registro sanitario, Bellota Finca Santa Marta. Por ello solicitará a la titular del juzgado número 10 de Sevilla que la incluya también en la investigación.

De momento, el auto deja claro que "de la investigación llevada a cabo hasta el momento se deduce que podríamos encontrarnos ante una trama organizada, que ha creado distintas sociedades mercantiles, todas con un objeto social similar, así como los mecanismos necesarios para eludir el pago de deudas y obtener cuantiosos beneficios económicos".

WhatsAppWhatsApp
FacebookFacebook
TwitterTwitter
Linkedinlinkedin
emailemail
imprimirprint
comentariosforum2
forum Comentarios 2
Deja tu comentario
elEconomista no se hace responsable de las opiniones expresadas en los comentarios y los mismos no constituyen la opinión de elEconomista. No obstante, elEconomista no tiene obligación de controlar la utilización de éstos por los usuarios y no garantiza que se haga un uso diligente o prudente de los mismos. Tampoco tiene la obligación de verificar y no verifica la identidad de los usuarios, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los datos que los usuarios proporcionan y excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse a la utilización de los mismos o que puedan deberse a la ilicitud, carácter lesivo, falta de veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de la información proporcionada.

Investiguen que hay muchísimos más.
A Favor
En Contra

La solución es contratar otro montón de funcionarios por pare de la administración, pagados por los ciudadanos, para investigar los desmanes y tropelías de los empresarios, ya que los que cobraban para vigilarlos, o miraban para otro lado, o se tocaban los cojo_nes.

Cosas del capitalismo salvaje y del cachondeo de unas instituciones inoperante, corruptas y valla usted a saber.

Donde estaban o que hacían, las administraciones del estado, la Junta de Andalucía, los ayuntamientos y..., ¿de ferias en ferias y cuando acababan se iban al Rocío?.

Tomen ejemplo los ciudadanos pagadores, de que es lo que hay que hacer, para vivir del cuento con ingeniería fiscal, judicial y…

¡ESTE NO ES EL UNICO CASO!.

Puntuación 11
#1
Usuario validado en Google+
Electron Libre
A Favor
En Contra

A estos si.....Yo no se porqué no se le da la independencia a Andalucía.... Y si se quiere quedar en España se les quita la autonomía para que la lleven desde Cataluña. Es que no dan ni una....

Puntuación -3
#2