Las Administraciones Locales (Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, fundamentalmente) han recortado la contratación de proyectos de infraestructura en los ocho primeros meses del año un 27,3%, lo que representa un descenso, en términos absolutos, de 1.209 millones de euros. Esta cifra crecerá hasta el entorno de los 1.500 millones de euros al cierre del presente ejercicio, según advierten desde la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan).
Detrás de esta reducción hay varios factores. Por un lado, la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y, por tanto, de los techos de gasto, inhabilita a muchas Administraciones Públicas a poder acometer las necesidades de inversión que tienen previstas, situación que afecta muy especialmente a las Comunidades Autónomas y Administraciones Locales. Asimismo, el escenario político y las incertidumbres respecto a la conformación de gobiernos también ha afectado al ritmo de contratación. A este respecto, en la comparativa del presente curso con el anterior, igualmente ha impactado el fuerte crecimiento de la contratación el pasado año, muy influenciado por la celebración de los distintos procesos electorales autonómicos y municipales que han tenido lugar en los últimos meses.
Los ayuntamientos han sido los que más han ajustado sus contrataciones. Así, han pasado de 2.262 millones de euros en agosto de 2018 a 1.408 millones en el mismo mes de 2019, lo que supone un descenso del 37,7% (854 millones menos). Mientras, las Comunidades Autónomas han rebajado la cifra un 16,5%, de manera que se ha situado en 1.804 millones, frente a los 2.159 millones de hace un año (355 millones menos). En total, por tanto, han firmado obras en conjunto por 3.212 millones en los ocho primeros meses, un 27,3% menos que los 4.421 millones del mismo periodo del pasado ejercicio.
Crecimiento en 2018
La expectativa de Seopan es que la disminución irá a más en el último cuatrimestre del año. En el conjunto de 2018, las Administraciones Locales sellaron contratos por un importe de 4.924 millones, con un incremento en relación a 2017 del 34,1%. De confirmarse la previsión del sector de que el recorte alcanzará los 1.500 millones, la cifra de contratación de estas instituciones se situará en el entorno de los 3.424 millones, un 30,4% menos que el pasado año e, incluso también inferior, en un 6,7%, al registro de hace dos ejercicios.
La caída en las adjudicaciones de las Administraciones locales y autonómicas se ha visto ampliamente compensada, no obstante, por el Estado, fundamentalmente el Ministerio de Fomento y sus empresas asociadas (Adif, Aena, Puertos y Seitt) y el Ministerio para la Transición Ecológica. En concreto, han contratado obras por un importe de 3.350 millones de euros hasta agosto, lo que implica un alza del 88,3% con respecto a los 1.779 millones que se registraban un año antes, de acuerdo con las cifras recabadas por la patronal de las grandes constructoras y concesionarias españolas.
Ferrocarril y carreteras
Este impulso se explica fundamentalmente por Adif, con relevantes proyectos en el Corredor Mediterráneo, entre otras infraestructuras, y por la Dirección General de Carreteras (DGC), que en este ejercicio ha reactivado la contratación tras un 2018 en el que la nueva ley de contratos del sector público impido hacerlo. Da continuidad, además, a la positiva evolución de 2018, cuando el Estado incrementó los contratos un 56,1%, hasta 2.206,8 millones de euros.
Todas estas cifras arrojan, en cualquier caso, un balance positivo. Así, la adjudicación de obra pública por parte de todas las Administraciones se elevó hasta agosto un 5,8%, hasta 6.562 millones. De continuar este ritmo, el volumen total podría situarse en alrededor de 7.540 millones -en 2018 ascendió a 7.131 millones, con un crecimiento del 52,6%-.
Para ello, no obstante, es necesario que el Grupo Fomento, principalmente, prolongue los datos realizados en los ocho primeros meses del año. Deberá hacerlo en un contexto en el que después de que haya sido imposible el acuerdo parlamentario y de que se hayan convocado nuevas elecciones generales para el 10 de noviembre, el Gobierno de Pedro Sánchez seguirá en funciones hasta, al menos, comienzos de 2020.
