La carne contaminada con Listeria que Magrudis distribuyó entre cientos de distibuidores y hosteleros de Andalucía y otras comunidades autónomas, llega hasta los juzgados. Tras la denuncia presentada por la Asociación del Defensor del Paciente para que se investigue el brote de listeriorsis, la Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto ya una investigación penal. Y no es la única, porque de forma paralela, la Fiscalía Provincial de Sevilla ha iniciado también diligencias como consecuencia de una denuncia presentada por la Junta de Andalucía por la supuesta venta del producto por la empresa con una marca blanca para la firmaMartínez León, algo que Magrudis ocultó en un primer momento.
El dueño de Magrudis podría enfrentarse ahora a un pena de prisión de una a cuatro años, multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para ejercer su profesión por un periodo de seis a diez años por un delito contra la salud pública, según recoge el Código Penal.
Fuentes de la Fiscalía Superior de Andalucía han señalado que la investigación incluirá el análisis de la documentación facilitada por dicha asociación en su escrito dirigido a la fiscal superior, Ana Tárrago. Igualmente, ha solicitado actuación de oficio a la Unidad de Policía Adscrita a la Fiscalía Superior.
La viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, ha explicado que el día 21 de agosto, cuando tuvieron conocimiento de que la empresa Martínez León había comercializado carne de Magrudis, pusieron en conocimiento del Ayuntamiento, "quien tiene la facultad de las inspecciones», tales hechos para que «sus inspectores se personaran en la fábrica y realizaran la oportuna inspección".
Reenvasado
"Al mismo tiempo se denunció ante la Fiscalía, puesto que uno de los clientes de Martinez León comunicó a la Consejería que esta empresa podría estar reenvasando el producto", ha asegurado. A todos estos preocesos se suma la querella que presentó además el pasado viernes la organización de consumidores Facua contra la cárnica sevillana.
La asociación ha solicitado la apertura de una investigación por un posible delito contra la salud pública y otros que puedan dilucidarse en el transcurso de la instrucción contra Magrudis, sin perjuicio, según dice, "de otras personas físicas o jurídicas que puedan resultar objeto de imputación a lo largo de la investigación".
El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, señaló el pasado sábado que los abogados de la organización "están estudiando" la ampliación de la querella por un posible delito contra la salud pública contra cargos de la Junta y contra el "presunto" gerente de la empresa, ya que ha dicho que no ha quedado claro quién está al frente de Magrudis.
Una pyme
Constituida en 2003 y con un patrimonio de 48.000 euros, Magrudis es propiedad de Sandro José Marín Rodríguez, que figura además como administrador único. Al cierre de 2017, el último ejercicio con cuentas publicadas, la compañía tenía una deuda con acreedores comerciales por importe de 34.397 euros, sin que figure en el Registro de la Propiedad ningún tipo de inmueble a nombre de su propietario.
