Un dron, una aeronave no tripulada, alza el vuelo sobre una extensa superficie deforestada por un incendio. Su misión consiste en diseminar las 2.500 semillas que lleva consigo; son simientes de especies autóctonas, pregerminadas y encapsuladas junto con abono, enraizante, pesticidas o polímeros especiales para almacenar agua, al objeto de incrementar las posibilidades de supervivencia de las futuras plantas. En un solo día, el dron puede esparcir unas 25.000 unidades.
Se trata de la actividad habitual de CO2 Revolution, una pequeña empresa española afincada en Madrid y Navarra, y especializada en la recuperación de ecosistemas, aplicando tecnología punta. Así, CO2 Revolution utiliza el análisis de datos a gran escala -el llamado Big Data- para seleccionar el tipo de especies más apropiadas con el fin de recuperar los ecosistemas degradados, tras analizar temperaturas, precipitaciones, características del suelo y datos similares. Luego prepara las semillas -una nuez va dentro de una cápsula de cuatro centímetros para que se entierre a la profundidad adecuada- y lanza el dron, con una programación de vuelo fijada por GPS, que tiene en cuenta la cartografía del terreno.
"Plantamos una hectárea en 20 minutos, mientras que una persona tarda dos semanas", comenta Javier Sánchez, socio de la compañía, fundada por Juan Carlos Sesma en 2016, antes de añadir que "según el terreno, tardamos y costamos de 10 a 50 veces menos que con métodos tradicionales".
La española CO2 Revolution aspira a plantar 10 millones de árboles en 10 años
La empresa ha recibido varios premios -el último, el Generaccion al Emprendedor, de Deloitte, Raing y Cotec-, y está saltando a Latinoamérica, a México y Colombia, en busca de clientes; allí la reforestación es mucho más barata que en la seca España y hay más demanda de este tipo de proyectos por parte de empresas que quieren compensar sus emisiones de CO2 en los mercados voluntarios de carbono.
Las expectativas de CO2 Revolution son muy ambiciosas, ya que aspira a plantar 10 millones de árboles en 10 años y absorber 500 millones de toneladas de CO2 anuales, el doble de las emisiones totales de España. De momento, está reforestando 1.500 hectáreas calcinadas por un incendio el año pasado en el Alto Tajo, donde ha sembrado un millón y medio de árboles y espera plantar otro tanto para acabar el trabajo.
55.000 hectáreas quemadas
Esta semana han ardido 600 hectáreas de la Sierra de Guadarrama, en Madrid, un tercio de ellas dentro de los límites del Parque Nacional homónimo. Hasta finales de julio, los incendios forestales han quemado 55.000 hectáreas en España, según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa). Las cifras son peores que en 2018 -el segundo mejor ejercicio desde que en 1961 se empezaron a registrar datos- y probablemente empeorarán, porque una gran parte del país está en alerta.
España es, tras Portugal, el segundo Estado europeo más afectado por unos incendios forestales que cada vez son más virulentos, en buena medida por la falta de gestión de las masas arboladas y por el aumento de las temperaturas y la desertificación que conlleva el calentamiento global. De hecho, entre 2017 y 2018 los incendios han provocado 225 víctimas mortales entre Portugal, Grecia y España.
El porcentaje de suelo forestal sujeto a instrumentos de ordenación en España ha pasado del 10,5% en 2009 al 16,5% en 2015, impulsado por la actividad de firmas con cultivos forestales, como Ence. Los últimos datos indican que hay un 11,3% de superficie arbolada certificada mediante los sistemas de gestión del Programa para el Reconocimiento de la Certificación Forestal y de Forest Stewardship Council (FSC). Pero este aumento de la gestión no está acompañada del aumento de la repoblación.
Repoblado el 10% del país
Echando la vista atrás, España ha realizado una enorme tarea de repoblación forestal de tierras degradadas. Se estima en cinco millones de hectáreas -el 10% del territorio nacional-, la superficie repoblada en los 150 años transcurridos desde el inicio de las actuaciones, el 75% de las cuales ha tenido un objetivo eminentemente protector.
Sin embargo, los datos del Mapa revelan una disminución de la tendencia desde el inicio de la década, que se ahonda durante los años de la crisis, y un cambio en el tipo de actuación, desde el arbolado de tierras agrícolas abandonadas -que prácticamente ha desaparecido- y las repoblaciones protectoras, hasta las repoblaciones productoras, que ahora predominan. La disminución responde al freno de la inversión pública y a que la iniciativa privada no encuentra rentabilidad a corto plazo en las explotaciones forestales.
La situación empieza a cambiar muy tímidamente, por el citado interés en los bosques como sumideros de carbono: un árbol puede absorber hasta 150 kilos de CO2 en 40 años, además de generar oxígeno, y las grandes empresas se interesan en ello por responsabilidad corporativa.
Compensación de CO2
Así, en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2 del Ministerio para la Transición Ecológica, creado en 2014, ya aparece un ramillete de compañías con proyectos de compensación en España.
La tercera sección del Registro está destinada a ellos, con dos apartados, uno para los proyectos de absorción en marcha en los que pueden participar los interesados, y otro con la relación de las organizaciones que ya participan en un proyecto.
Aquí se contabilizan 3.537 toneladas de CO2 retiradas, mediante 28 proyectos de absorción, a los que contribuyen 30 entidades, entre las que encontramos Caixabank, Grupo OHL, la Fundación Aquae, Eulen, Endesa, Bankia, Eurofred, Sanitas, Meliá, Ayuntamiento de Valladolid... Sin embargo, los proyectos son muy pequeños; el más grande, de unas 150 hectáreas -a mucha distancia del siguiente-, es, precisamente, de CO2 Revolution.
La ONU pide repoblación contra la crisis climática
El Panel de expertos climáticos de la ONU (IPCC, por sus siglas en inglés) ha publicado esta semana un Informe especial sobre la relación entre el cambio climático y el uso de la tierra, que ha llamado la atención sobre la necesidad de modificar las pautas alimentarias y las prácticas agrícolas para evitar que la temperatura del planeta se incremente más de los 1,5 grados centígrados comprometidos en al Acuerdo de París.
El informe analiza profusamente la relación entre la degradación de los suelos y el calentamiento global, y, en consecuencia, presta atención al incremento de las zonas áridas y la desertificación, e indica medidas para mitigar o revertir dicho incremento, como la repoblación forestal y la gestión sostenible de las masas arboladas.
La ONU insta a usar las nuevas tecnologías para detectar la degradación forestal en sus fases tempranas y revertirla
En la actualidad las tierras áridas representan un 46% de la superficie -viven en ellas 3.000 millones de personas- y se han incrementado a un ritmo del 1% anual entre 1961 y 2013, impactando en el rendimiento de las cosechas, en la disponibilidad de agua, en la expansión de enfermedades, en la virulencia de fenómenos atmosféricos extremos, como huracanes e inundaciones...
El documento llama la atención sobre la necesidad de disponer de nuevas tecnologías de la información -desde servicios en la nube hasta el uso de drones y sensores- para detectar los procesos de degradación en sus fases tempranas y actuar rápidamente para revertirlos. España ya está ocupándose de poner las bases para ello y en primavera lanzo una Estrategia de digitalización del sector agroalimentario y forestal y del medio rural.
Según los cálculos del IPCC, la inversión en restauración de suelos en territorios secos puede generar entre tres y seis veces más beneficios en servicios prestados por los ecosistemas, mientras que el uso de tecnologías y métodos sostenibles de gestión puede rentabilizarse en una década, dependiendo del volumen de la inversión inicial, que asciende a unos 500 euros de media por hectárea.
El caso de China
El informe pone como ejemplo el caso de China a la hora de revertir la degradación del suelo mediante la reforestación. Las décadas de degradación le pasaron factura con una severa sequía en 1997 y graves inundaciones al año siguiente, que provocaron el establecimiento de medidas draconianas, con prohibiciones generalizadas en las cabeceras de los grandes ríos y otras regiones, y plantaciones masivas.
El país ha gastado más de 50.000 millones desde 1990 en recuperar los ecosistemas de más de 100 millones de hectáreas forestales, implicando a más de 120 millones de granjeros, con notable éxito: por ejemplo, se han reforestado 25 millones de hectáreas y los sedimentos en el Río Amarillo se han reducido un 38%.
Según los cálculos del IPCC, reducir la deforestación puede mitigar de 400 a 5.800 millones de toneladas de CO2 al año.
