El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga el caso conocido como el del 3 por ciento, ha citado a declarar el 10 de septiembre como investigado al exgerente de TV3 Oriol Carbó por haber participado presuntamente en la trama de financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).
En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 acepta la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción, después de que el empresario Joan Manuel Parra, responsable de Hispart, reconociera que el partido catalán supuestamente utilizó un sistema de facturación falsa a través de una productora de programas de TV3 para financiar actos de la campaña electoral de 2010, en las que Artur Mas optaba por primera vez a la Presidencia de la Generalitat.
Parra fue llamado a declarar como testigo en la Audiencia Nacional a finales del pasado mes de julio para que ratificara un escrito presentado en el Juzgado de lo Penal número 23 de Barcelona, donde será juzgado en septiembre por los mismos hechos, en el que admitía haber cobrado 750.000 euros por parte de Triacom Audiovisual por los servicios prestados a CDC en actos electorales.
Tras esta comparecencia, en la que se reveló el modus operandi de la presunta financiación irregular de CDC, el fiscal José Grinda solicitó al juez De la Mata que citase a declarar como investigado a Carbó, así como que requiriera determinada documentación a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) en relación con la productora.
Ambas peticiones han sido acordadas por el magistrado, según consta en dicho auto.
En la resolución, el juez De la Mata argumenta que los hechos encajan en la investigación a altos cargos de CDC, que habrían puesto en marcha "una estructura para financiar ilegalmente a este partido político, de forma encubierta". Explica que los responsables del partido habrían pactado con otros cargos públicos y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Cataluña, en connivencia con empresarios y otros cargos políticos, la forma de alterar "todo tipo de concursos públicos" para que los empresarios que realizaban donaciones a las fundaciones ligadas a CDC resultaran beneficiarios de la misma.
El juez afirma que el "patrón" seguido es el "habitual" y que hay indicios para considerar que Oriol Carbó, responsable de Triacom, "siguió las instrucciones específicas" del exsecretario de Gobierno Germà Gordó para que abonara al empresario de Hispart "la deuda que CDC había contraído con esta empresa, especializada en producción audiovisual, por la organización y producción de la campaña electoral del CDC de 2010".
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