La creación de un Ministerio de Transición Ecológica, que une las competencias de medio ambiente y energía, así como el nombramiento de Teresa Ribera como ministra, son algunos de los aspectos que la industria del agua y del medio ambiente destacan del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, la falta de tiempo y de mayorías que le permitan sacar adelante normativas de calado son algunos de los frenos a la lucha contra el cambio climático que el nuevo Ejecutivo ha marcado como prioridad.
Son muchos los temas que el nuevo Ministerio de Transición Ecológica tiene abiertos, entre ellos, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Estrategia de Economía Circular, el Pacto Nacional del Agua, la planificación hidrológica o la trasposición de la Directiva Europea de Vertido, de Residuos y de Residuos de Envases. De momento, existe una gran expectativa sobre los pasos que dará Teresa Ribera en estos temas, pero ya se valora positivamente la integración de medio ambiente y energía. "Es una muestra de la voluntad por acelerar la descarbonización de nuestra economía y de crear un marco que permita impulsar un modelo económico más sostenible desde la administración pública", asegura Óscar Martín, consejero delegado de Ecoembes.
"Las competencias de energía y medio ambiente están muy relacionadas e históricamente las cuestiones de afección al medio ambiente se encontraban dispersas en diferentes ministerios. Esto a veces ha provocado políticas públicas de los distintos ministerios poco compatibles entre sí", indica Leticia Hernández, abogada y socia directora LHM Legal. De la misma opinión son otros responsables del sector. "Es cierto que no hay que enfatizar solo sobre la ineludible mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero sino sobre la inefable oportunidad que ofrece la imperativa adaptación al cambio climático", indica Gonzalo Delacámara, director académico del Foro de la Economía del Agua.
Precisamente el sector del agua es el que más se está lamentando de que no se haya dado una mayor importancia al agua en la configuración del Ministerio. Según asegura Fernando Morcillo, presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), "Hemos ganado que en el mismo ministerio no esté agricultura, algo que siempre nos ha parecido una rémora, pero hemos perdido la oportunidad de mejorar el nivel de representación del agua en el Gobierno, no puede ser solo una dirección general".
Más allá de los beneplácitos sobre el nuevo ministerio, todos los actores involucrados en el sector del agua y del medio ambiente han comenzado a elevar sus peticiones al Ejecutivo. La primera y más clara es la demanda de inversión, y no se trata tanto de comprometer nuevos recursos, si no de cumplir con lo que ya se había definido. Solo en el sector del agua, existe un déficit inversor de 12.000 millones, según apuntan desde Seopan, a los que se suman los 6.500 millones que se tendrían que destinar a las infraestructuras de tratamiento valorización de residuos. Y será necesario poner encima de la mesa esos 18.000 millones para lograr los objetivos medioambientales marcados por Europa.
"Todas estas necesidades de inversión, que superan los 18.000 millones, deben de concluir en el replanteamiento de una mayor utilización de la colaboración público-privada, dado que, a nuestro ritmo actual de contratación pública de infraestructuras hidráulicas y de medio ambiente, implicaría unos plazos de 39 y 136 años, respectivamente, para resolver el déficit inversor actual", apunta Julián Núñez, presidente de Seopan.
De la misma opinión es Josep Bagué, consejero delegado de Suez Water Spain, quien asegura que "la colaboración público-privada ha sido uno de los signos de identidad que ha permitido el desarrollo social del Estado y la extensión de unos servicios públicos de calidad a todos los ciudadanos. El Gobierno debe saber integrar la iniciativa privada".
Además, en el ámbito del agua, el Ministerio de Transición Ecológica tiene por delante la definición del nuevo ciclo de planificación hidrológica de las distintas cuencas. En este sentido, el presidente de AEAS señala que "los retos están más que en la parte de planificación en dar el salto a la ejecución", es decir, de nuevo, cambiar la tendencia inversora. "El nuevo Gobierno no debe detener la planificación hidrológica existente", demanda Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore). "Sería bueno enviar señales sobre la necesidad de evitar medidas puramente reactivas o de remediación y profundizar en enfoques más previsibles que anticipen riesgos, señala Delacámara.
