Año 2018. Es la fecha que el Ministerio de Agricultura (Mapama) se ha fijado para alcanzar un Pacto Nacional del Agua, que dicte las líneas básicas que seguirá la gestión de este recurso natural. Y el Ministerio no ha perdido el tiempo, durante los meses de julio y agosto, representantes de la Administración Central se han reunido con los responsables políticos de las distintas Comunidades Autónomas para intentar llegar a un consenso. Sin embargo, la tarea va a ser titánica, ya que cada gobierno autonómico defenderá los intereses de su región, y son estos los encargados de desarrollo, territorio y agricultura. Además, deberá propiciar un cambio en la política de inversión llevada a cabo hasta ahora, que desde dintintos ámbitos aseguran que es más que insuficiente. Más noticias en la revista gratuita de elEconomista Agua.
Con una inversión comprometida de 21.000 millones de euros en el periodo 2016 y 2021, contando los presupuestos de objetivos ambientales, satisfacción de demandas hidráulicas, mitigación de fenómenos extremos, conocimiento y gobernanza y otras inversiones, según los datos del Foro para la Ingeniería de Excelencia (Fidex), España necesitaría invertir otros 5.000 millones de euros sólo en el ámbito de depuración y medio ambiente para cumplir con los compromisos que exige la Unión Europea y evitar sanciones de Bruselas.
A esta cifra hay que sumar las destinadas a modernizar y renovar depuradoras y redes de saneamiento de aguas ya existentes, como sucede en Madrid, que convocó este año "el concurso para poner al día un sistema que data de los años 70" y, por tanto, "no cumple" con los estándares de calidad de la UE, apunta Fidex.
Problema en depuración
España ocupa el puesto 26 de los 28 miembros de la UE en cuanto a nivel de inversión pública en depuración y saneamiento de agua. En concreto, en nuestro país, cada ciudadano invierte de media 6 euros al año en este concepto, un gasto que "debería duplicarse para afrontar los desequilibrios" y cumplir con la normativa comunitaria, señalan desde Fidex.
Por ello, el déficit de infraestructuras es uno de los retos a los que tendrá que hacer frente y es una de las principales demandas del sector privado. Y, además, coincide con un momento crítico en el que este aspecto cobrará especial relevancia, ya que en 2016 se aprobaron los Planes Hidrológicos de las diferentes cuencas del país y el Pacto debería recoger las necesidades de inversión que no se hayan incluido.
Según destacan desde Asagua, la inversión ha sido prácticamente inexistente en aras de cumplir los objetivos de déficit presupuestario. "Cuando la inversión es escasa y no existe buena planificación, se construyen menos infraestructuras, se mantiene y conserva peor su stock y se gasta menos en I+D+i, que es esencial para aumentar la competitividad", afirma el presidente de Asagua, Sergio Pepió.
Así, desde la Federación de Regantes se pide "una política hidrológica largoplacista, a través de este Pacto Nacional, que permita al Estado reforzar sus competencias constitucionales sobre el dominio público hidráulico".
Fernando Morcillo, presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento, tiene claro que la inversión tiene que ser una de las claves que debe contener el futuro Pacto Nacional del Agua. Entre las prioridades que ha de tratar, la primera debería ser "el déficit de inversión en infraestructuras tanto en obra nueva -para cumplir los compromisos establecidos por la Directiva de Depuración de Aguas Residuales y superar los apercibimientos por su incumplimiento- como, sobre todo, en la renovación de los complejos activos de los que disponemos".
Además, asegura que uno de los aspectos más relevantes es la cobertura de los costes, siguiendo la Directiva Marco del Agua. "Hay que asegurar el equilibrio económico-financiero de los servicios y su sostenibilidad a largo plazo, fundamentándolo, como ya hacen con éxito otros países del norte de Europa, en las tarifas aplicables al uso", afirma. En este sentido, Morcillo apunta que "estamos muy alejados del establecimiento de un ajustado precio de los servicios del agua acorde con su verdadero valor como recurso y como servicio".
Hasta ahora, el principio de solidaridad ha primado en la gestión del agua, pero el Ministerio pretende que sea, además, eficiente e integrada. Una ambición que, en principio, comparten todos los representantes políticos, pero con matices. Francisco Rodríguez, secretario autonómico de Agricultura de la Comunidad Valenciana, asegura que el Pacto tiene que llevar a una "normativa y gestión del siglo XXI", pero indica que la política que se siga a partir de ahora tiene que estar centrada en "el análisis concienzudo de los costes, los precios, los beneficios y las cuestiones medioambientales asociadas al agua".
