La llamada guerra del agua que sacudió España en los 90 amenaza con repetirse ahora que ya nadie se acordaba de ella. La culpa, los 16 nuevos planes hidrológicos aprobados por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy el pasado 8 de enero. Los dos Reales Decretos utilizados para ello han soliviantado ánimos y provocado la reacción de los Ejecutivos autonómicos afectados, algunos de los cuales ya últiman una batería de medidas jurídicas para evitar que puedan ponerse en marcha. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Agua y Medio Ambiente
Un escenario convulso al que han ayudado la escasez de precipitaciones de los últimos meseLa llamada guerra del agua que sacudió España en los 90 amenaza con repetirse ahora que ya nadie se acordaba de ella. La culpa, los 16 nuevos planes hidrológicos aprobados por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy el pasado 8 de enero.
Los dos Reales Decretos utilizados para ello han soliviantado ánimos y provocado la reacción de los Ejecutivos autonómicos afectados, algunos de los cuales ya últiman una batería de medidas jurídicas para evitar que puedan ponerse en marchas, con el consiguiente descenso en el nivel de las reservas de agua, y un escenario político incierto con cambios en los gobiernos regionales implicados y un Palacio de La Moncloa aún sin inquilino claro.
Recurso de Castilla-La Mancha
El primero en anunciar medidas ha sido Emiliano García-Page, el presidente socialista de Castilla-La Mancha, quien rápidamente hizo saber que iba a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo al considerar que dicha decisión "perjudica gravemente los intereses de Castilla-La Mancha en materia de agua y, además, no se hacía un reparto equitativo entre todas las regiones".
En la rueda de prensa en la que la consejera de Fomento autonómica, Elena de la Cruz, hizo el anuncio, también se recriminó que la aprobación de dicho plan lo hubiera realizado un gobierno en funciones y que el regional se hubiera enterado del mismo ?por la prensa?.
Dañinos para la región
Una oposición frontal en la que han encontrado el apoyo de los agricultores de la región. La Unión de Pequeños Agricultores de Castilla-La Mancha (UPA-CLM) también anunció entonces que recurriría ante la Justicia los planes y propuso a las plataformas de defensa del Tajo y a las comunidades de regantes que se unieran a dicha iniciativa legal. Para su secretario general, Julián Morcillo, los planes hidrológicos eran "dañinos para los intereses de los usuarios y de los regantes de Castilla-La Mancha" y recordó que estos sólo buscaban "garantizar los recursos hídricos para otras comunidades autónomas -en referencia a Valencia y Murcia-, mientras que se restringe el uso de los regantes de la región".
De esta manera, en las últimas semanas el Gobierno de García-Page ha iniciado una ronda de contactos con los interlocutores sociales relacionados con el agua de las cinco provincias castellano-manchegas. Su objetivo: recoger sus necesidades en los diferentes recursos que el Ejecutivo regional presentará antes del próximo 19 de marzo.
Al frente de las anteriores conversiones se ha situado el director de la Agencia del Agua regional, Antonio Luengo, quien ya ha mantenido reuniones con la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental y la Plataforma de Regantes y Usuarios de la Cabecera del Segura, así como con regantes y usuarios de Guadalajara y Ciudad Real, y con la Plataforma en Defensa del Tajo y del Alberche.
Precisamente, esta última plataforma convocó a los alcaldes ribereños a la firma de un manifiesto por el Tajo a la que asistieron una treintena de alcaldes, entre los que se encontraban los de Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina, las tres principales ciudades asentadas a orillas del río, además del regidor de Sacedón (Guadalajara), en representación de los pueblos de cabeceras del río.
"Es evidente que hay argumentos más que de sobra para reconsiderar la barbaridad económica, social y medioambiental que supone el infausto y aberrante Plan Hidrológico", recalcaba en una nota esta última asociación. Su principal reproche al plan es que elimina la reserva de 200 hectómetros cúbicos para los regadíos de cabecera que sí constaban en el Plan de 1998.
Tampoco los pueblos ribereños del tramo final del Ebro, el otro gran cauce afectado por los planes hidrológicos aprobados en enero, se han quedado con los brazos cruzados. 12 años después de la derogación del macro-trasvase planeado por el entonces Gobierno de José María Aznar, las Terres de l'Ebre han vuelto a levantarse ante lo que consideran una amenaza más sutil, pero igual de peligrosa para la región que aquella tubería.
Su principal queja es que el plan reserve sólo 3.009 hectómetros cúbicos anuales de agua para la desembocadura. Una cifra que, recalcan, no permite la supervivencia de los ecosistemas del delta ni permite frenar la salinización de sus tierras. Insisten en mantener las actuales cantidades de 5.871 hectométros cúbicos (hm3) para los años secos y 9.907 hm3 para los de mayores precipitaciones.
La asociación Ecologistas en Acción también ha cargado contra los nuevos planes hidrológicos, fundamentalmente el del Ebro, el que consideran "el peor con diferencia". También arremeten contra el plan hidrológico de la cuenca del Tajo, con el denominador común negativo a todos ellos de la "deficiente" fijación de los caudales hídricos, por lo que la asociación reclama su pronta revisión.
