Mariano Rajoy anunció ayer, en la jornada inaugural de la Cumbre del Clima en París, la intención de España de promulgar una Ley de cambio climático e incrementar los fondos destinados a luchar contra el calentamiento global hasta duplicar las cantidades actuales y alcanzar los 900 millones de euros al año en 2020. Los millonarios se plantan en París y claman en favor de las renovables
El presidente del Gobierno arrancó su intervención con una declaración de principios, que no hubiera firmado hace unos pocos años, cuando en 2007 cuestionó en televisión la existencia del calentamiento global: "El cambio climático es el mayor reto medioambiental al que nos enfrentamos hoy". Después apostó por establecer una nueva ruta para el planeta que permita no superar un aumento de la temperatura global de 2º centígrados en relación a los niveles preindustriales; para ello confió en alcanzar un "acuerdo global, ambicioso y jurídicamente vinculante que comprometa a todos en función de sus capacidades y de sus circunstancias".
Cumpliendo con Kioto
Afirmó que España aborda la Cumbre "desde el compromiso" y recordó que el país ha cumplido con las metas fijadas por el Protocolo de Kioto de 2008 a 2012. También sostuvo que seguiremos cumpliéndolas, "sin tener que adquirir derechos de emisión", en alusión a que en el citado período hubo que gastar más de 800 millones en adquirir derechos para compensar nuestro exceso de emisiones.
Abundando en la idea del compromiso, indicó que España ha destinado al clima 1.400 millones en cuatro años y que hace unos días el Consejo de Ministros aprobó dedicar 120 millones para contribuir al Fondo Verde para el Clima de la ONU -los beneficiarios son los países pobres-, que se librarán paulatinamente hasta el año 2020.
Acto seguido, anunció que el país reforzará su compromiso durante los próximos años, duplicando las cantidades destinadas actualmente a combatir el calentamiento hasta que alcancen 900 millones anuales en el año 2020.
Ley de cambio climático
También anunció que para la próxima legislatura planea -"si gobernamos, como es natural"- la promulgación de una Ley de cambio climático que "dotará de coherencia a las actuaciones de todos los implicados en la transición a una economía baja en carbono".
En esta Ley se recogerán los compromisos del país en materia de descarbonización, que son los mismos que los de la UE, pero que aún no están traspuestos al ordenamiento interno: un 40 por ciento de reducción de CO2, un 27 por ciento de renovables y una disminución del consumo energético del 27 por ciento gracias al ahorro y la eficiencia energética.
La Ley también desarrollará un marco institucional "único" que promueva las actuaciones con mayor capacidad de bajar las emisiones al menor coste, teniendo en cuenta su impacto económico y su potencial de creación de empleo.
Así mismo, coordinará todos los programas y todas las actuaciones de las distintas administraciones en apoyo de la eficiencia energética -en particular en el transporte, la edificación y alumbrado público-, y de las renovables; también "racionalizará" la fiscalidad ambiental para que contribuya a alcanzar los objetivos ambientales.
