El conocido como capping empieza a señalar a los que serán los principales perjudicados por el recorte presupuestario que sufrirá la Política Agraria Común en el periodo 2021-2027 después de que el comisario de Agricultura, Phil Hogan, haya anunciado que habrá un tope de 60.000 euros por perceptor. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Agro
La CE prevé destinar 365.000 millones a ayudas directas y desarrollo rural para los próximos siete años, una caída de un 5% respecto a los 408.313 millones de euros de financiación de la PAC del periodo actual una vez descontados los 27.483 millones que recibió el Reino Unido.
El capping será pues la principal vía para amortiguar los recortes de una Política Agraria Común que supondrá un recorte del 3,5% de las ayudas directas, según cuantificó la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, tras conocerse la propuesta inicial de la Comisión Europea para el próximo marco presupuestario.
Aunque el modelo de aplicación de la PAC no será hecho público hasta finales de mes y a partir de ahí comienza un largo periodo de negociación, la posibilidad de que se establezca un capping de 60.000 euros ha puesto en guardia a las cooperativas, que reconocen su "preocupación". La idea de establecer un tope máximo de las ayudas ha sido una constante en las últimas reformas de la Política Agraria Europea. De hecho, en la de 2014, ahora vigente, se estableció una reducción de un 5% a partir de cobros superiores a los 150.000 euros.
Pero lo que ahora se propone es bien distinto, ya que ningún perceptor podría superar la barrera de los 60.000 euros. El Ministerio de Agricultura no ha contestado a las peticiones de elEconomista sobre el número de personas físicas o jurídicas que reciben ayudas superiores a ese importe.
Gabriel Trenzado, responsable de Asuntos para la UE de Cooperativas Agroalimentarias, afirma que "lo que nos preocupa es que se haga un capping sin ningún tipo de elemento modulador, es decir, que no se tengan en cuenta los empleos y las inversiones que se generan o cuántas personas hay detrás de la figura jurídica que aparece como perceptora".
Trenzado se refiere los casos en los que los socios han cedido sus derechos de pago a la cooperativa a la que pertenecen "para hacer una tramitación de las ayudas más eficiente". Ahora, en el actual reglamento 1307 se contempla que los grandes perceptores puedan restar los gastos en salarios o cotizaciones sociales antes de aplicar reducciones de las ayudas. También, que en el caso de personas jurídicas -cooperativas, sociedades agrarias de transformación o explotaciones de titularidad compartida- el tope se aplicará individualmente a cada uno de los miembros que conformen esas entidades. Sin embargo, por el momento, "esa modulación no aparece en los borradores existentes", advierte Trenzado.
Trenzado asegura, no obstante, que en este capítulo" no estamos solos porque la situación también afecta a muchos países del Este. "No tendría sentido incentivar la escisión por este tipo de normas", señala.
Ignacio López, director de Relaciones Internacionales de Asaja, reconoce el riesgo de que se "generen efectos contrarios a los que se buscan y se fomente la división de explotaciones". Aunque admite que es posible que las cooperativas queden excluidas, pero "existen muchas fórmulas asociativas que se verían afectadas".
López apunta a otros dos problemas. "Entras en una dinámica en la que ahora se introduce un límite de 60.000 euros y quien te dice a ti que dentro de unos años lo bajen a 20.000 euros", señala, a la vez que añade que "la PAC tiende a una mayor ecologización, con lo cual tendrá que serlo para todas las hectáreas de la explotación no solo para las que cobran ayudas".
