No descubro nada nuevo si digo que estos años atrás el regadío ha quedado en muchas ocasiones relegado a un segundo plano en la agenda política por motivos macroeconómicos. Ahora que el contexto es más propicio y a punto como estamos de iniciar nueva legislatura, es momento de que el Gobierno vuelva a tener en cuenta a un sector que no sólo es estratégico, sino garante de la producción de alimentos básicos. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Agro
Lo primero que debería hacer el nuevo Ejecutivo es poner fin a la política hidro-ilógica que venimos arrastrando. Aunque es de recibo reconocer el gran empuje que se le ha dado en esta última etapa legislativa a los planes de cuenca, sigue siendo necesario que quien nos gobierna sea consciente de la importancia de asegurar un horizonte plenamente estable en materia de aguas.
La estabilidad no sólo depende de los caprichos de la economía sino también de las buenas decisiones que, sin saber de colores políticos, permiten proteger en la medida de lo posible a los sectores que mantienen en marcha el engranaje de la actividad. Por eso, la gran asignatura pendiente con la que se encontrará el nuevo Gobierno es diseñar una política hidrológica largoplacista a través de un Pacto Nacional que permita al Estado reforzar sus competencias constitucionales sobre el dominio público hidráulico.
Llevamos años de idas y venidas, de retrasos que han ocasionado multas astronómicas por parte de Bruselas en duras etapas de déficit y, por tanto, hay que asegurar que los planes de cuenca que se proyectan en una legislatura se ejecuten durante el ciclo político que corresponda sin depender de las prioridades de quien gobierne entonces.
Un consenso entre los partidos mayoritarios terminaría con la visión localista del agua que intentan imponer las autonomías, ya que supondría proteger el principio constitucional de unidad de cuenca, defendiendo a las Confederaciones Hidrográficas como instituciones en las que se integran y tienen participación, sin extralimitarse en sus competencias todos los usuarios y agentes interesados en la gestión de los recursos hídricos.
Estoy convencido de que si el Gobierno mantiene una postura firme evitando plegarse a las presiones de las autonomías, se podrán respetar los plazos de los ciclos de planificación y, por tanto, llevar adelante finalmente el ansiado Plan Hidrológico Nacional.
Otro de los grandes retos del nuevo Gobierno será acometer una reforma real del sistema eléctrico que distribuya los costes fijos de forma transparente y equitativa para evitar la asfixia de los sectores que, como el nuestro, tienen un consumo estacional. De esta forma, es necesario levantar un marco legislativo en materia energética que permita paliar el impacto de la subida exponencial de la electricidad en el regadío.
Es inaceptable que desde que en 2008 desaparecieran las tarifas específicas con la excusa de cubrir el déficit, soportemos un incremento medio del 100 por ciento en la factura, con un aumento de los costes fijos superior al 1.000 por ciento en muchas zonas regables, haciendo inviable buena parte de los sistemas de riego modernizados que tanto esfuerzo nos ha costado poner en marcha.
En este sentido, seguiremos insistiendo en la puesta en marcha de fórmulas que nos permitan asumir los costes energéticos de acuerdo a la potencia real registrada y no por la máxima teórica contratada para poder adecuar el gasto al consumo estacional y no estar pagando todo el año por un servicio que sólo utilizamos durante la campaña de riego. Tampoco dejaremos de lado soluciones alternativas como despenalizar los contratos de temporada, o incluso, poder modificar dos veces al año la potencia contratada.
Además, para conseguir una reducción de los costes de la luz, seguiremos reclamando la aplicación de un IVA reducido al suministro eléctrico para regadío como tienen en Italia; una medida que inexplicablemente en 2010, el Ministerio de Economía decidió no llevar adelante, a pesar de que la proposición no de ley contaba ya con el respaldo de las Cortes, ¿no resulta a todas luces ilógico?
La reforma energética también pasa, por supuesto, por adaptar el Real Decreto de Autoconsumo, aprobado el pasado mes de octubre, para que incluya medidas que realmente permitan tener luz a un menor precio. Ahora mismo, como no contempla ventajas en cuanto a costes, frena la autoproducción de energía, yendo en contra de las directrices europeas.
De esta forma, nuestro programa electoral incorpora medidas como el balance neto para que, al impulsar la generación de energía distribuida se reduzcan realmente los gastos asociados al transporte de la electricidad.
Ciertamente, de lo que se trata es de acometer una reforma legislativa que evite seguir favoreciendo las cuentas de resultados de las eléctricas en detrimento de los consumidores, que nos vemos obligados a pagar el agujero económico que se deriva de una política errónea, probablemente por habernos precipitado a subvencionar las renovables, cuando su producción costaba ocho veces más que ahora. Esas subvenciones están ocasionando unos sobrecostes que, unidos a un criterio tarifario basado en costes fijos para poder asegurar ingresos, hacen prácticamente imposible el consumo de energía.
Seguiremos teniendo una actitud colaborativa con la Administración para impulsar un sector estratégico para la economía española como es el agrario. Confiamos en que no se mirará para otro lado, conscientes de que, junto con la industria agroalimentaria asociada, representamos el 20 por ciento del PIB.
