La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, defiende que el acuerdo láceo "es tan ambicioso como nuestro ordenamiento jurídico nos permite" ya ha conseguido frenar "la caída de los precios, que en la mayor parte de las Comunidades están teniendo una recuperación más o menos significativa".
Terminamos legislatura. ¿Qué balance hace de estos cuatro años y, especialmente, de su etapa como ministra?
Cuando accedimos al Gobierno nos marcamos como uno de los principales retos de la legislatura impulsar el crecimiento y desarrollo del sector agroalimentario español y devolverle su prosperidad. Durante estos cuatro años, este Gobierno ha trabajado intensamente para impulsar la actividad de agricultores, ganaderos y de la importante industria agroalimentaria española, convencidos de su enorme potencial. Hemos defendido sus intereses y peleado los apoyos que necesita para que sigan ganando presencia en el mundo
y trayendo riqueza a España. En definitiva, nos hemos dedicado a proyectar al sector agroalimentario español hacia el futuro y a dotarlo de las herramientas necesarias para situarlo en lugares cada vez más altos a nivel mundial.
¿Qué actuaciones destacaría?
El Gobierno logró una reforma de la Política Agraria Común (PAC) muy beneficiosa para España que va a contribuir a fortalecer al sector productor y vertebrar el sistema agroalimentario. Quisiera recordar cómo España se enfrentaba a un escenario de recortes de los fondos comunitarios destinados a la PAC y una propuesta de reforma radicalmente contraria a los intereses de nuestro sector. Tras durísimas negociaciones, este Gobierno logró garantizar un horizonte de estabilidad para las rentas de 900.000 agricultores y ganaderos en los próximos siete años. En total, España va a disponer de 47.000 para el periodo 2014-2020, lo que garantiza el 30 por ciento de las rentas de los agricultores y ganaderos. En el ámbito nacional, hemos adoptado cambios estructurales para que el sector sea más competitivo en el mercado global. Así, para ganar dimensión se ha impulsado la Ley de Fomento de la Integración de Cooperativas; y para mejorar la seguridad jurídica y la transparencia en las relaciones comerciales, hemos promovido la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Hemos puesto especial acento en la internacionalización, una de las grandes prioridades de este Gobierno. Por ello, hemos puesto en marcha las Líneas Estratégicas de Internacionalización, para ayudar al sector a exportar más y con más valor. Al mismo tiempo, hemos impulsado la calidad alimentaria, otro factor fundamental de competitividad. Para ello, contamos con una Ley para la defensa de la calidad alimentaria, otra de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas, y hemos revisado las normas de calidad de más de 500 productos. También hemos puesto en marcha una Estrategia de apoyo a la producción ecológica, ya que consideramos necesario fomentar el consumo interno y mejorar la comercialización de estos productos. En materia de desarrollo rural quisiera insistir en la importante negociación del Gobierno en la reforma de la PAC, por la que se consiguieron 8.300 millones de euros para favorecer el desarrollo rural en España. Estos fondos, junto a la aportación del Estado y las Comunidades, hasta un total de 13.000 millones, permitirán poner en marcha los programas autonómicos de desarrollo rural. Además, hemos impulsado un Programa Nacional de Desarrollo Rural, con una dotación de 430 millones de euros, para actuaciones estratégicas de carácter supra-autonómico. Y hemos vuelto a hacer política forestal, que estaba abandonada en nuestro país, con un conjunto de actuaciones a favor de nuestros montes en las que se ha dado prioridad a la prevención y lucha contra los incendios. También se ha puesto en marcha el Plan de Activación Socioeconómica del Sector Forestal, que preserva y mejora nuestro patrimonio forestal al tiempo que potencia el aprovechamiento económico de los montes.
Casi dos meses después de la firma del acuerdo lácteo, ¿han empezado a notar los ganaderos de leche un incremento de los precios?
El acuerdo ha supuesto el compromiso firme de la mayoría de los eslabones de la cadena de valor del sector lácteo para trabajar de manera conjunta para superar la crisis de precios que vive este sector. Quisiera recalcar que este acuerdo es tan ambicioso como nuestro ordenamiento jurídico nos permite. En este contexto, el Gobierno ha movilizado este año cerca de 80 millones de euros adicionales en beneficio de las explotaciones de leche: 25,5 millones procedentes de la UE; 33 millones en forma de ayudas acopladas, de manera que el sector recibirá un total de 250 millones de la PAC; y otros 20 millones adicionales de fondos nacionales, para todas y cada una de las explotaciones en dificultades. En todo caso, quisiera precisar que el intenso trabajo que el Ministerio y el conjunto del sector están realizando, ha conseguido frenar la bajada de los precios, que en la mayor parte de las Comunidades está teniendo una recuperación más o menos significativa.
La Ley de la Cadena Alimentaria ha sido un hito para nuestro país. ¿Qué grado de cumplimiento han conseguido?
Es una ley concebida por todos y para todos, que no se olvida de nadie, de forma que todos debemos respetarla y cumplirla, ya que beneficia a todos sus eslabones. Se trata de una Ley pionera en la UE, elaborada gracias a la colaboración de todo el sector, que se encuentra plenamente operativa. Sus efectos ya se han notado, aunque se verán mucho más claramente a medio y largo plazo, ya que el cambio que se plantea es importante. Ha establecido un antes y un después en las relaciones comerciales entre los operadores y va a servir para mejorar el equilibrio entre los distintos eslabones, aumentando la transparencia, con lo que mejorará la eficacia y competitividad de todo el sector. En el marco de esta Ley se ha creado la Agencia de Información y Control Alimentarios (Aica), cuya finalidad es controlar el cumplimiento de esta norma, en lo que respecta a las relaciones comerciales. También se ha puesto en marcha el Observatorio de la Cadena Alimentaria, con funciones de seguimiento, asesoramiento, consulta, información y estudio, para reforzar la transparencia y seguir perfeccionando la Ley y su desarrollo. En el primer año de funcionamiento de Aica se han realizado 555 inspecciones a empresas en las que se han vigilado 2.000 operaciones comerciales y se han abierto 110 expedientes sancionadores. Es decir, el 20 por ciento de las inspecciones han dado lugar a un expediente sancionador, siendo la infracción más frecuente el incumplimiento de los plazos de pago, un 40 por ciento de los expedientes sancionadores. El Código de Buenas Prácticas Mercantiles es otro de los pilares sobre los que se apoya la Ley de la Cadena Alimentaria. La voluntad del Gobierno es poner de acuerdo a todos los eslabones de la cadena antes de su aprobación, ya que se trata de un acuerdo voluntario y de nada serviría ponerlo en marcha si luego las partes no se suman a él.
La nueva figura del agricultor activo ha expulsado a miles de agricultores de "sofá". ¿Le hubiese gustado una posición más dura de la Unión Europea?
Consensuamos con las Comunidades y con el sector un modelo de aplicación para España que permite mejorar la profesionalización del sector y su capacidad de generar riqueza. Para ello, las ayudas se van a centrar en aquellas explotaciones que realmente tengan actividad agraria. España ha adoptado todas las medidas que la reglamentación comunitaria nos permitía para que las ayudas solamente vayan a las explotaciones con actividad agraria. Esto supone un paso histórico porque, por primera vez, las ayudas se dirigen hacia la agricultura verdaderamente activa.
Pretenden incorporar 15.000 jóvenes al campo en los próximos años. ¿No son unas previsiones demasiado optimistas?
Este Gobierno, que tiene una clara vocación agraria, es consciente de la necesidad de contar con más jóvenes en el campo, hombres y mujeres bien formados, con iniciativa, capacidad de innovación, y orgullosos de su profesión y de su dedicación. El reto de incorporar a los jóvenes al campo es grande, pero merece la pena, porque de ello depende la capacidad de los sistemas agroalimentarios nacionales de abastecer a las poblaciones, e intercambiar productos y elaboraciones con el resto del mundo. Por ello, el Gobierno ha trabajado desde el inicio de la legislatura para conseguir que trabajar en el campo sea una actividad rentable, que los jóvenes obtengan una remuneración adecuada a su esfuerzo y dedicación. Es decir, un lugar donde merezca la pena vivir para estas nuevas generaciones. Para contribuir a su incorporación, los jóvenes van a disponer de una ayuda a la instalación de un máximo de 70.000 euros por agricultor beneficiario. Van a disfrutar, asimismo, de la concesión automática de derechos de la reserva nacional del Pago Base, con los que podrán cobrar de forma permanente el Pago Base y el Pago Verde. A este respecto, podrán contar con la concesión, durante cinco años, de un complemento del Pago Base, para lo que se dispone de hasta 98 millones de euros al año. Asimismo, dispondrán de una ayuda, en condiciones especialmente favorables, para inversiones en activos físicos que mejoren el rendimiento de la explotación o con destino a la transformación, comercialización o desarrollo de productos agrarios. De manera complementaria, los jóvenes tendrán acceso a una desgravación fiscal en la declaración por módulos del IRPF durante cinco años. Y tendrán facilidades para acceder al crédito, a través de un instrumento financiero nacional de préstamos y garantías, diseñado por el Ministerio, al que ya se han adherido Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia y Extremadura.
La Ley de Integración Cooperativa quiere dimensionar estas entidades. ¿Está el sector preparado para ponerla en práctica?
Este Gobierno ha trabajado, junto con el sector, para impulsar un modelo cooperativo empresarial más profesionalizado, capaz de generar más valor y con dimensión relevante para producir y comercializar a escala global. Para ello se ha impulsado la Ley de Integración de las Cooperativas, dirigida a fomentar la concentración de la oferta, mediante entidades asociativas prioritarias, de ámbito supra-autonómico. Consideramos que promover un modelo cooperativo potente es la mejor manera de adaptarse a las exigencias del mercado global y estamos convencidos de que el desarrollo del sector agroalimentario español pasa necesariamente por constituir grupos de mayor dimensión económica y mejor organización. Ya se ha producido el primer movimiento, como ha sido la constitución de Oviespain, que integra a cinco cooperativas de ganaderos de 29 provincias, en once Comunidades, que concentra el 15 por ciento de la producción de ovino de carne de España, y que es la mayor de la UE en este sector. Es el primer paso para la formación de otros muchos grupos, y lograr de esta forma un sector más fuerte y mejor vertebrado, capaz de aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el mercado global.
Usted ha puesto especial énfasis en impulsar la innovación en el sector agroalimentario. ¿Es la llave para que nuestras empresas sigan internacionalizándose?
Este Gobierno ha apostado claramente por la innovación como herramienta para adaptarse a las exigencias del mercado global. Para ello, hemos lanzado un Programa de innovación e investigación agroalimentaria y forestal, para acercar los resultados de la I+D+i a los agricultores y ganaderos. Este Programa es el resultado de la apuesta agraria de este Gobierno que, desde el principio de la legislatura, ha trabajado para reforzar la competitividad del sector agroalimentario y, de esta forma, posicionarse mejor en los mercados para crecer, generar riqueza y empleo. En la elaboración de este Plan se han identificado 72 líneas de innovación e investigación, que se han concretado en 8 actuaciones estratégicas, que abarcan desde los recursos naturales a los sistemas de producción, los procesos tecnológicos, la calidad de los alimentos, la vertebración de la cadena alimentaria, las herramientas de gestión, la seguridad y trazabilidad, y la innovación social. Además, estas ocho grandes áreas se han incorporado en las líneas de acción de las políticas comunitarias y nacionales que dan lugar a convocatorias y ayudas para I+D+i.
