Agro

Asaja pide la dimisión de Planas tras el revés judicial al Gobierno en la "guerra del cava"

  • El Supremo anula el Real Decreto que dejaba en manos de Cataluña la ampliación de las plantaciones
  • Satisfacción en Extremadura por la decisión del Alto Tribunal ante una norma "que no esa ni legal ni justa"
Madrid

APAG Extremadura Asaja y APAG Asaja Cáceres han pedido la dimisión del ministro Luis Planas tras el fallo del Tribunal Supremo que ha estimado el recurso de la Junta de Extremadura contra el Real Decreto que dejaba en manos de Cataluña la ampliación de la superficie de viñedos para el cava.

El fallo, ante el que no cabe recurso, anula dos artículos de la reforma por la que el Ministerio eliminaba la consulta que debía hacer a las comunidades autónomas a la hora de restringir al máximo las plantaciones de la DO en toda España.

Una vez conocida dicha resolución del Supremo, ambas organizaciones agrarias han coincidido en pedir la dimisión del ministro de Agricultura, Luis Planas, por "haber permitido una injusticia tan grande como que una región pudiera decidir, de manera unilateral, sobre unos derechos que afectaban al conjunto del país".

A juicio estas organizaciones, la sentencia es un "auténtico revés judicial" contra la decisión de Luis Planas, por lo que ahora "debe presentar su dimisión al tomar una decisión que no se ajustaba a derecho y que mantuvo, a pesar de las advertencias de que no era ni legal ni justa". El Gobierno cede ante Cataluña en la guerra del cava

Y es que "no puede ser que el campo se utilice como moneda de cambio, como ha pasado con este asunto del cava", señalan estas organizaciones agrarias, que recuerdan que ese Real Decreto permitía a la Denominación de Origen Protegida Cava, cuyo órgano de gobierno se encuentra en Cataluña, "decidir sobre las restricciones relativas a las autorizaciones de nuevas plantaciones, replantación y conversión" de derechos de replantación en las zonas delimitadas por esta DOP en toda España, lo que por tanto, "suponía que en Cataluña se podría decidir cuánto y cómo se podía plantar en Almendralejo".

De hecho, en la resolución de 2019 se acordó autorizar en 0,1 hectárea para autorizaciones de nuevas plantaciones, replantaciones y reconversión de derechos de viñedo que se destinaran a la elaboración de vinos DOP Cava para los años 2020/21 y 2022, porque entendían que autorizar más "suponía un riesgo de devaluación significativa de la DOP", aunque "lo que subyace es una limitación en la producción a las zonas en expansión en otros espacios geográficos, como era Extremadura, preservando las que ya no tienen más capacidad de crecimiento, como es Cataluña", aseguran.

Es una cuestión del Ministerio

Ante esta situación, el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, y el presidente de APAG Asaja Cáceres, Ángel García Blanco, han coincidido en consideran que este fallo judicial reconoce es que esas competencias no pueden ser de esta denominación de origen sobre todo el territorio, sino que es una cuestión del Ministerio de Agricultura, lo que "supone un espaldarazo y un reconocimiento a los productores de cava de Extremadura y de otras regiones no situadas en Cataluña", así como un revés para el titular de este departamento.

"No se puede permitir que un grupo con intereses específicos y localizados puedan decir a todos los demás lo que pueden o no pueden hacer", a la vez que han afirmado, en un comunicado conjunto, que "el campo extremeño no puede ser moneda de cambio para las cesiones con los nacionalismos, no lo permitiremos".

También han resaltado el trabajo que ha realizado la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura, puesto que gracias a la interposición del recurso judicial se ha podido "frenar este atropello y se ha evitado que Cataluña decida a sus anchas sobre el futuro de este producto", de gran expansión en Extremadura.

"Fin al agravio"

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha mostrado su "satisfacción" por la sentencia que suponía, de facto, la "congelación" de nuevas autorizaciones para plantar viñedos con destino a la elaboración de cava.

"El Real Decreto suponía una restricción de derechos con el único fin de favorecer a un territorio determinado, en este caso Cataluña, en detrimento de otros como Extremadura o Valencia, poniendo en cuestión el libre mercado y la competencia, lo cual resultaba injusto y contrario a Derecho", ha señalado el secretario general de la Creex, Javier Peinado, que aplaude el fin del "agravio" a la región dentro de la "guerra del cava".

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