Valladolid
Andalucía, la principal Comunidad agraria, se ha unido como una piña contra la reforma que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, diseña para reducir el valor medio de los derechos de la PAC que cobran los profesionales agrarios andaluces.
El campo andaluz se ha visto sobrecogido por los planes del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, de acometer una brusca convergencia o equiparación del valor de los derechos que cobran los agricultores españoles y en la que los andaluces son los principales perjudicados.
El último modelo de la PAC, actualmente vigente, estableció un sistema de convergencia entre 2015 y 2019 para reducir las diferencias entre el valor de los derechos históricos que tienen los agricultores españoles.
Según datos del FEGA, en 2019 el valor medio de los derechos en Andalucía se situó en 228 euros, seguida de Galicia con 187 y Cataluña con 185 euros, mientras que en Aragón fue de 143 euros o en Extremadura, de 120 euros. Aunque la diferencia es notable, la media de lo que cobran las explotaciones aragonesas es de 6.405 euros -al disponer de más hectáreas por explotación-, frente a los 3.592 euros de la Comunidad andaluza, con fincas más pequeñas pero más productivas.
Esa convergencia ha llevado a que en 2019, ningún agricultor puede cobrar menos del 60% del valor medio del derecho en una región productiva. Por ejemplo, si esa media es 100 euros por hectárea, al final del periodo 2014-2020 todos deben cobrar como mínimo 60 euros y eso es sufragado por los que están por encima de la media. Para que los cambios no fueran demasiado abruptos, se estableció una limitación, de manera que la perdida de los cedentes no fuese superior al 30% del valor unitario en esos cinco años.
El modelo puesto en marcha por el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, fue apoyado por quien entonces era el consejero de Agricultura, Luis Planas.
Sin embargo, ahora, en su condición de ministro impulsa una nueva reforma de manera que el suelo pase a ser de un 70% en 2021 y un 80% en 2022, con la particularidad de que no se establece limitación alguna.
En medios agrarios de la región atribuyen el movimiento de Planas a un intento de diluir a la mala negociación del Gobierno en Bruselas de la Política Agraria Común ya que cuando en 2021 los agricultores reciban menos ayudas lo atribuirán a la convergencia y no al recorte de fondos en el que coinciden todas las organizaciones agrarias y las Comunidades del PP. Las opas calculan que el descenso de un 10% de los fondos de la PAC que ha aceptado el ministro puede suponer una merma de 1.280 millones de euros en los próximos siete años en la región.
Planas fue el principal valedor cuando era consejero andaluz del modelo que ahora quiere finiquitar
Los planes del ministro han puesto en pie de guerra al Gobierno y al sector agrario andaluz. Desde la Consejería de Agricultura las reacciones a la nueva convergencia no se hicieron esperar. Su titular, Carmen Crespo, advertía de que "no vamos a permitir un trasvase de fondos que perjudique a Andalucía".
"Ni una sola merma"
El propio presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, también tomó cartas en el asunto y firmaba junto con las organizaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias una declaración institucional que reclama una Política Agraria Europea fuerte, solidaria y cohesionadora, que no lesione los intereses del campo andaluz y que no atente contra sus intereses y modo de vida. "Andalucía se ve obligada a alzar la voz para reclamar que no podemos admitir ni un solo recorte, ni una sola merma más en las ayudas que reciben nuestros agricultores y ganaderos por parte de la Unión Europea", aseguraba el responsable autonómico.
Tanto las organizaciones agrarias como las cooperativas agroalimentarias han abierto su propio frente y han enviado una carta al ministro en la que piden la anulación del Real Decreto que regula el periodo transitorio.
El campo andaluz le dice al ministro que seguir aplicando la convergencia en los años 2021 y 2022 tiene carácter facultativo para los estados miembros, aun así, si finalmente se considera adecuado que dicha convergencia siga aplicándose en este periodo transitorio, siempre "se debería hacer en la misma proporcionalidad que, de forma anual, se ha hecho en el periodo 2015-2019".
De esta manera, para dar coherencia a la transición entre los dos periodos de implementación de la PAC, el avance anual en la convergencia debería ser del 2,5% anual para alcanzar el valor inferior mínimo propuesto por la Comisión Europea para la anualidad 2026.
