Valladolid
Se presentó a 'bombo y platillo' como la garantía que los agricultores obtuviesen precios justos, pero la realidad ha dejado en papel mojado los planes del Gobierno: el precio de la uva no cubre los costes de producción, según las organizaciones agrarias.
La obligatoriedad de establecer en los contratos una cláusula que garantizaba que los precios pagados cubrían los costes de producción que estableció el Gobierno para detener las protestas agrarias no ha sido capaz de superar su primera prueba de fuego, la recolección de la uva, y las denuncias de las organizaciones se acumulan en los primeros días de la llegada de los vendimiadores al campo en una campaña en el que la acumulación de existencias en las bodegas por el coronavirus han desplomado los precios.
ASAJA, COAG y UPA exigirán mañana al ministro de Agricultura, Luis Planas, "acciones urgentes" que eviten que la vendimia 2020 sea recordada como una de las más ruinosas de la historia.
Por ello, las organizaciones agrarias reclaman a los bodegueros que cumplan la Ley de la cadena alimentaria. Según aseguran, algunas bodegas están actuando "con coacciones y de forma desleal", obligando al productor a manifestar expresamente que no vende la uva a un precio inferior a sus propios costes de producción. "Una práctica inmoral e ilegal", afirman.
Los precios que se están pagando son hasta un 30% inferiores a los del pasado año. Para el sector no hay causas que justifiquen dicha caída: las previsiones para la vendimia 2020 hablan de una producción menor a las estimaciones iniciales, en torno a los 41-43 millones de hectolitros, en línea con la media de las últimas cinco campañas. Las existencias a final de campaña de vino y mosto son de 36,6 millones de hectolitros, inferiores en un 6,7% a las de la anterior campaña.
Además, ASAJA, COAG y UPA demandan al Gobierno que haga los deberes y clarifiquen cómo determinar los costes de producción que el precio debe cubrir, haciendo referencia a las distintas zonas de producción, variedades, formas productivas y más controles por parte de la AICA para verificar el cumplimiento de la Ley.
Asimismo, las organizaciones agrarias reclaman a las Comunidades Autónomas y el Gobierno que destinen fondos específicos para salvar al sector del vino de la crisis que atraviesa. "Países competidores de España, como Francia o Italia, ya lo han hecho, por lo que urge evitar que se produzca una situación de competencia desleal", aseguran.
Ayudas
En este sentido, explican que en tiempo de crisis se pueden otorgar ayudas estatales de hasta 20.000 euros por explotación en tres años, pudiéndose aumentar incluso hasta 25.000 euros.
Por último, recuerdan que la normativa europea permite destinar hasta 7.000 euros por agricultor para ayudar a los afectados por la crisis de la covid-19, utilizando fondos de desarrollo rural no gastados, a la vez que exigen se incrementen las prestaciones vínicas al 15%, frente al 10% actual. "Esto es, el volumen de alcohol que deben tener los subproductos finales. En la práctica implicaría retirar más producto y que no vaya a vino", aclaran.
