Al mayor número de incorporaciones al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta) se suman unos cambios legislativos que buscan mejorar sus condiciones y favorecer una mayor protección social.
El trabajo autónomo ha logrado generar 104.036 empleos netos en el primer semestre de 2017 -56.172 como asalariados, más 47.864 nuevos emprendedores que se han incorporado al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta)-. Estos son los datos recogidos en un informe elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). Sin duda, unos números a destacar y celebrar, pues a lo largo de 2016 se crearon 70.000 empleos netos, con lo que, como afirmó recientemente Lorenzo Amor, presidente de ATA, "en sólo seis meses ya hemos superado con creces este registro". Además, también añadió que, a pesar de lo positivo de estas cifras, es preciso "poner en marcha medidas que ayuden a la inserción de parados en el mercado laboral, que fomenten el emprendimiento, que ayuden a la generación de empleo y que impulsen el trabajo autónomo".
Uno de los colectivos que precisan de las medidas reclamadas por Amor, de cara a la inclusión laboral, es el de aquellos individuos que, contando con una discapacidad igual o mayor al 33 por ciento, buscan hacerse un hueco en el mercado de trabajo.
De hecho, según los números emitidos por la Tesorería General de la Seguridad Social a petición del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), en el periodo que comprende de enero a junio del presente año, se han contabilizado 808 nuevos trabajadores con discapacidad -igual o superior al 33 por ciento- en el Reta. En concreto, el pasado 30 de junio, el número de autónomos con discapacidad alcanzaba la cifra de 19.771 -cuando cerró 2016 con 18.963-, lo que supone un crecimiento del 4,26 por ciento. Como desde el propio Cermi afirman, el emprendimiento empresarial "es una vía de inclusión laboral cada vez más utilizada por las personas con discapacidad, por lo que ha de ser acompañado con un marco de incentivos y apoyos adecuados que estimule este acceso al mercado de trabajo". Y parece que, poco a poco, se van dando pasos en la buena dirección, con el apoyo de todas las partes implicadas.
¿Mejora en la protección social?
Más allá de las halagüeñas cifras que se extraen del primer semestre del año, a finales del pasado mes de junio, en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, todos los grupos políticos dieron luz verde al texto de la Proposición de Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. Una decisión ambiciosa y que, a la espera de la materialización de cada una de las medidas, abre un panorama más alentador de cara a las condiciones del trabajador autónomo. Entre los ámbitos que se verán afectados, destacan aspectos relacionados con la cotización, la fiscalidad, la conciliación familiar y laboral, o la formación profesional. Además, si ponemos el foco en aquellos autónomos con alguna discapacidad, también se recogen diversas medidas destinadas a ellos en el texto aprobado.
No obstante, a pesar de los avances que se están produciendo en esta materia, son muchas las necesidades específicas y aspectos a mejorar desde el punto de vista legislativo. A este respecto, desde la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), en declaraciones a esta publicación, han querido dejar clara su postura: "La situación actual de apoyo y fomento del trabajo por cuenta propia para discapacitados es deficiente". De hecho, en relación a los cambios legislativos citados anteriormente, han sentenciado que, "entendemos que la nueva legislación no supone un gran avance para este colectivo al no haberse abordado una transformación integral del Reta y, por lo tanto, no satisfacer la necesidad de implementación de derechos laborales básicos de los que hoy los autónomos carecen". Del mismo modo, resaltan que "el colectivo de personas con discapacidad necesita mayor protección", por lo que "la falta de una prestación por cese de desempleo accesible, una jubilación digna o una prestación en caso de causar baja laboral" no ayuda a la hora de "diseñar un proyecto laboral".
Entre las propuestas que desde la Uatae se lanzan al Ejecutivo, se encuentra "la vinculación de las cotizaciones a los ingresos reales", que califican como "necesidad básica para poder alcanzar una progresividad justa en los pagos, estabilidad y seguridad para los trabajadores. Además, resaltan el carácter indefinido que deberían adoptar algunas reducciones de cuotas o bonificaciones. E igualmente, solicitan "que exista un plan de subvenciones para aquellos autónomos que asuman una adaptación del entorno laboral y el desempeño de puestos de trabajo para personas con discapacidad".
Iniciativas dirigidas a la inclusión
Son muchas las opciones a la hora de impulsar la labor del trabajador autónomo, y no siempre tienen por qué partir desde los responsables políticos. Muestra de ello es la convocatoria que Fundación ONCE hizo el pasado mes de julio de sus ayudas a proyectos de emprendimiento para personas con discapacidad. Cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, buscan fomentar la creación de empleo, y la mejora de empleabilidad e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, mediante la fórmula del emprendimiento y la constitución de empresas de economía social.
Esta convocatoria comprende dos modalidades: la primera, está destinada a jóvenes con discapacidad entre 16 y 30 años, con una dotación mínima de 6.000 euros que podría llegar a alcanzar los 18.000 euros si se tratan de proyectos que fomenten sectores en crecimiento, impliquen el desarrollo del medio rural o se enmarquen dentro de la sociedad de la información, entre otras circunstancias. La segunda categoría está limitada a las personas con discapacidad que rebasen dicha edad -con una dotación de entre 3.000 y 18.000 euros, bajo las mismas condiciones para optar a la mayor cuantía-.
Un cambio de tercio muy esperado
El protagonismo del trabajo autónomo en la generación de riqueza en nuestro país es indudable -mantra repetido hasta la saciedad y que, incluso, encabeza la exposición de motivos de la Proposición de Ley analizada-. Ahora bien, quizás los avances legislativos, el fomento de iniciativas que impulsan al sector y una mayor inclusión en el mercado laboral -junto a una mejora continuada en el tiempo de los datos relativos al empleo autónomo-, posibiliten ver el futuro de otro color, dejando atrás, de una vez por todas, la alargada sombra de la crisis.
Cambios legislativos de enorme calado
Dentro del clima de crispación al que parece estar abocado el día a día político en nuestro país, el pasado mes de junio todos los grupos parlamentarios dieron el sí, quiero al texto de la Proposición de Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. Con las medidas reflejadas en el texto, son muchas las mejoras que se persiguen en la vida del trabajador autónomo, y también para aquellos que cuentan con una discapacidad.
Beneficios en la cotización
Junto a las víctimas de violencia de género y víctimas de terrorismo, las personas con discapacidad que emprendan o reemprendan una actividad por cuenta propia podrán acogerse a reducciones y bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social, ubicadas dentro del título dedicado al fomento y promoción del trabajo autónomo.
Contratación de hijos
Concretamente en la Disposición final sexta, se aborda la cuestión del encuadramiento de hijos con discapacidad del trabajador autónomo. Éste podrá contratar, como trabajadores por cuenta ajena, no sólo a sus hijos menores de 30 años, sino a aquellos que tengan especiales dificultades para su inserción laboral, aunque su edad sea mayor. Entre las dificultades mencionadas para poder acogerse a esta medida, figuran diversos grados y tipologías de discapacidad intelectual, física o sensorial.