
Inmersos en plena cuarta revolución industrial -Alemania la ha bautizado ya como Industria 4.0-, el concepto de innovación está adquiriendo cada vez más protagonismo en múltiples ámbitos. Educación, empresa, sanidad, autómoción, industria... son muchos los agentes económicos cada vez más concienciados en su función innovadora. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Pymes, Autónomos y Emprendedores
En este sentido, al igual que sucede con otras actividades -como la contratación de trabajadores discapacitados-, si una empresa realiza labores de investigación o de innovación tecnológica puede optar a deducciones en el Impuesto de Sociedades; es lo que se conoce como incentivos fiscales.
No obstante, aunque todas las compañías pueden beneficiarse de esta medida, las pequeñas y medianas empresas se encuentran por detrás de las grandes en el aprovechamiento de estas deducciones. De hecho, desde el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Mineco) reconocen que existe un gran desaprovechamiento de los incentivos por parte de las compañías españolas.
Así, la pequeña y mediana empresa es protagonista indiscutible de esta situación, no sólo porque de cada diez empresas, nueve sean pymes, sino también porque, en primer lugar, dispone de menos recursos, personal y financiación para afrontar actividades de esta índole -y por ende, realiza menos Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica (I+D+i)-; y en segundo lugar, por la complejidad administrativa que conlleva la aplicación de deducciones fiscales. En este sentido, Víctor Cruz, director de estrategia de servicio de la consultora F. Iniciativas, explica que "la pequeña empresa quiere beneficiarse de este derecho pero cuando comienza a analizar cómo debe hacerlo se encuentra con dos problemas. Por un lado, el legislativo, que hace que tenga que invertir mucho tiempo, y por otro, un escollo administrativo debido a todos los documentos que tiene que recabar para demostrar que realiza I+D+i".
El "logro" de invertir en I+D
En línea con lo anterior, José Tomás Romero, jefe del departamento de Innovación de Ametic, reconoce que "si una pyme o startup hace I+D+i es un logro; si además se le pide que sea experta en fiscalidad y financiación, quizás es demasiado. Por eso, se recomienda acudir a una consultora para que guíe a la empresa en toda la gestión documental pero, evidentemente, eso implica un gasto extra".
Además, conviene matizar que para que una compañía se pueda deducir estas actividades en el Impuesto sobre Sociedades tiene que tener beneficios. En esta casuística, las grandes organizaciones son líderes y, de hecho, según datos de la Agencia Tributaria, en la liquidación de 2014 se dedujeron más de siete millones de euros. En caso de que la empresa no obtenga beneficios, tiene dos opciones: puede guardarse esas deducciones generadas y no aplicadas durante 18 años, o puede solicitar su abono a la Administración tributaria a través de la declaración de este impuesto. Es lo que se conoce como cheque fiscal, un instrumento que nació con la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. En este caso, es el tejido pyme el que más uso hace de esta opción y, de hecho, estas organizaciones recibieron casi 22 millones de euros por este abono en la liquidación del año 2014.
Asimismo, otro trámite a tener en cuenta durante este proceso es que hay diferentes vías de dotar de seguridad a esta deducción fiscal. "La empresa puede declarar que ha hecho actividades de I+D+i sin ningún tipo de soporte y esto es un riesgo de seguridad jurídica en caso de inspección. Si se opta por la vía de la máxima seguridad, la opción es obtener un informe", admite Cruz.
Este documento se conoce como Informe Motivado Vinculante (IMV), que contiene la calificación de las actividades de I+D+i de una empresa. Como menciona Luis Fernando Álvarez-Gascón, director de GMV Secure e-Solutions, "no son obligatorios pero constituyen una garantía, ya que permite a la empresa defender su proyecto de innovación". Estos informes se solicitan a alguna de las entidades autorizadas por Economía y según cuenta Cruz, "tienen un coste de 3.000 euros. Ha habido un incremento de pymes en informes motivados pero aún no son mayoría. ¿Por qué? Porque la complejidad administrativa -unido a los elevados costes- hace que las pequeñas y medianas empresas no terminen de entrar en el sistema".
Menos inversión pública
Junto a todo lo anterior, este año se ha sumado una contrariedad más: en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2017 se ha recortado la partida dedicada a incentivos fiscales en un 49,8%. En palabras de Cruz, "el problema que existe viene en relación a cómo se están presupuestando los incentivos, ya que el Gobierno ha reducido la partida en un 50% porque entiende que esta medida se emplea poco y es más lógico bajar el presupuesto a 81 millones. Se debería hacer un enfoque más constructivo, centrado en analizar por qué esta medida no se aplica".
En relación con lo anterior, Juan María Vázquez, secretario general de Ciencia e Innovación de Mineco, hace hincapié en que "aunque se habla más de innovación, aún no ocupa el lugar que merece en el discurso de la alta política". De nuevo, el ejemplo más evidente de ello se hizo manifiesto en la presentación del proyecto de PGE 2017. Uno de los titulares más destacados decía que: "La política de I+D+i se incrementa un 4,1%".
Sin embargo, como indica Romero, "si investigamos, vemos que ese 4,1% tenía truco, ya que se refería a una parte, pero no a toda la I+D+i. El aumento real era del 1,11% y ese 4,1 aludía a innovación civil". Además, cuando nos referimos a esta partida también hay que fijarse en si se refiere a subvención o préstamo. Así, insiste Romero, "una subvención se entrega a fondo perdido, mientras los préstamos hay que devolverlos. Teniendo esto en cuenta, conviene recordar que la partida dedicada a subvención se ha reducido un 2,6% y la de préstamos ha aumentado un 9,2%, cuando debería ser al contrario".
En definitiva, tanto estas reducciones en las partidas referentes a la innovación, así como las dificultades que conlleva realizar actividades innovadoras y demostrarlo, alejan a las empresas, y en particular a las pymes, de sacar provecho de los incentivos relacionados con este cometido.