La crisis ha colocado a España como segundo país de la OCDE con un nivel más elevado de paro de larga duración. En concreto, un 14% de los desempleados llevan más de un año sin trabajar, un porcentaje que multiplica por cinco la media de la Organización.
Los expertos advierten de que esta tasa se registra en un mercado de trabajo cercado por dos males endémicos: paro estructural y un grave problema de empleabilidad. Más aún, alertan de que las instituciones españolas no están preparadas para hacer frente al paro de larga duración, por lo que recomiendan mejorar las políticas activas, integrar los servicios públicos estatales y autonómicos o aprobar incentivos fiscales a la contratación de desempleados de larga duración.
La crudeza de las cifras va más allá si tenemos en cuenta que, de ese 14% de población activa que lleva desempleada más de un año, un 70% no encuentra trabajo desde hace más de dos años. De acuerdo con el informe, 'El legado de la crisis: el mercado de trabajo español y las secuelas de la gran recesión', elaborado por Fedea y JP Morgan Chase, éste es un problema más arraigado y generalizado en España que en cualquier otro país de la OCDE, salvo en Grecia.
Peor que la crisis de los 90
No es de extrañar si tenemos en cuenta que, a lo largo de la crisis actual, el empleo ha caído un 18% desde máximos y que, treinta y dos trimestres después permanece un 14% por debajo de su nivel inicial. La comparación con la crisis de los años noventa arroja datos muy significativos. Entonces, el empleo cayó un 8% y se recuperó veintitrés trimestres después.
Con estas tasas sobre la mesa, el estudio incide en que nuestro país necesita 2,4 millones de trabajos para volver a los niveles de empleo previos a la crisis y en que la recuperación de éste tardará, todavía, unos cinco años más en producirse. No en vano, la crisis ha dejado en España más de cinco millones de personas apuntadas a las listas del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE).
Nuestro mercado de trabajo presenta profundos problemas, tal y como señalan los expertos: un elevado nivel de paro estructural (que la Comisión Europea sitúa en el 18,5% de la población activa) y un problema claro de empleabilidad. Esto les lleva a afirmar que las medidas aplicadas a lo largo de los últimos años en el mercado laboral, pese a ir en la dirección correcta, son claramente insuficientes.
Son necesarias más reformas
Desde Fedea entienden que el hecho de que las instituciones españolas no estén preparadas para hacer frente al paro de larga duración evidencia hasta qué punto son necesarias más reformas. Las más evidentes tendrían que ver con una mejora del diseño de las políticas activas de empleo, con hacer que el actual sistema de asistencia personalizada cubra a un porcentaje mayor de parados, o con integrar los servicios públicos estatales y autonómicos, entre otras.
También sería adecuado que, cinco años después de aprobarse por ley, se materialicen las primeras asignaciones de parados a las agencias privadas de colocación. Pero sin duda, el nuevo Gobierno debería plantearse la aprobación de incentivos fiscales a la contratación de parados de larga duración.
En este sentido, Jesús Mercader, miembro de Sagardoy Abogados considera que las políticas públicas deben dirigirse a fomentar las capacidades y habilidades de los trabajadores durante toda su vida activa. Los trabajadores en sectores o sistemas de producción en decadencia, recalca, deben prepararse constantemente para adaptarse a los cambios, y la empresa y la sociedad deben participar activamente de este objetivo.
Aunque Mercader ve necesario dar una respuesta de políticas activas a los parados de larga duración que complementen las políticas de rentas, cree que en el medio y largo plazo debe ponerse el acento en las políticas activas dirigidas a la población ocupada. La recualificación permanente es la vía más razonable para evitar situaciones de escasa empleabilidad que derivan en desempleo de larga duración.
