
Aragón ha reducido un 10% la tasa de temporalidad en el empleo público, aunque todavía la tasa media sigue siendo elevada, puesto que se sitúa en torno al 30%. Un porcentaje que se prevé que se sitúe en torno al 25% a lo largo de este año para volver a descender hasta aproximadamente el 8% en 2026 con la convocatoria de una oposición con más de 2.500 plazas para trabajar en la administración.
En los tres últimos años, se ha experimentado una reducción de 60 puntos en la contratación de interinos, de manera que se ha pasado de que el 91% de todas las personas contratadas en la comunidad aragonesa fueran interinas en 2022 al 32% actual, según ha explicado Antonio Villacampa, director general de Función Pública del Gobierno de Aragón.
Este descenso de la tasa de temporalidad y de la contratación de interinos ha sido posible gracias a la ejecución de procesos de selección. "Este gobierno ha apostado por el empleo público", ha añadido Villacampa, quien ha asegurado que, cuando el actual equipo de gobierno llegó al Pignatelli, "nos encontramos más de 400 procesos sin convocar o solo convocados pero sin ejecución".
De este modo, se ha procedido a acometer 327 procesos selectivos con 2.646 plazas de las que 1.289 ya se han ejecutado por lo que han pasado a formar parte del empleo público. Un paso con el que se ha logrado esa reducción del 10%.
Y, para seguir bajando la tasa de temporalidad, se va a continuar trabajando en los procesos pendientes con el fin de alcanzar esa tasa del 8% marcada por ley, que se prevé alcanzar a finales de esta legislatura.
De este modo, se logrará una reducción significativa desde la tasa media de temporalidad actual que oscila en torno al 30%, ya que oscila según las necesidades de contratación para el correcto funcionamiento de los distintos servicios. No obstante, desde el Gobierno de Aragón se asume ese 8%, que es una tasa marcada por ley, es "estructural, aunque puede haber flexibilidad. Nos podemos mover entre el 7% y el 10%".
Más empleo público
Entre las líneas de acción que se seguirán para continuar en esa senda de reducción de la temporalidad con la ejecución de los procesos de selección, que ya han permitido que se nombre a 25 trabajadores fijos en la Administración cada semana. Una cifra que, igualmente, se ha logrado gracias a la reducción del tiempo en estos procesos. "Antes pasaba más de dos años y, ahora, son nueve meses". Además, los períodos de prácticas se han eliminado, realizándose ahora cursos transversales.
Además, se ejecutarán también las ofertas de empleo público de los años 2023, 2024 y 2025, que están pendientes y acumuladas, sumando un total de 2.564 plazas que saldrán a oposición libre. En concreto, serán un total de 93 correspondientes al año 2023, mientras que, en 2024, se contemplan 706 y las relacionadas con el ejercicio de 2025 se elevan a 919 plazas.
Esta convocatoria permitirá a su vez dar respuesta también a las vacantes en zonas del medio rural y las plazas de difícil cobertura. "Vamos a tener 3.500 personas -todavía hay más de 1.000 pendientes de incorporarse de procesos anteriores-, que van a entrar en la Administración", ha incidido Villacampa.
La previsión es que al final de esta legislatura se haya ejecutado la oferta de empleo público de cada año y se haya realizado totalmente la estabilización antes de 2026. La intención es así convocar las plazas a finales de 2025 o principios de 2026 para que la ejecución de la oposición se haga a lo largo del próximo año. Con este calendario, se calcula que los exámenes correspondientes podrían tener lugar en el segundo semestre de 2026 para proceder posteriormente a los nombramientos de funcionarios de carrera o personal laboral fijo.
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