
Oskar Martín es secretario general de UGT en Andalucía desde el pasado mes de junio, cuando Carmen Castilla fue incluida por el PSOE en sus listas para las generales en Sevilla. Un relevo tranquilo (Martín llevaba en la ejecutiva desde 2014) en el que se mantiene prácticamente el mismo equipo al frente del sindicato y las líneas de diálogo social y reivindicación.
¿Cómo valora el desarrollo de los pactos sociales alcanzados el pasado mes de marzo con el Gobierno andaluz y la patronal?
Valoramos positivamente los pactos, ya que supuso retomar la senda de la concertación social que se había perdido, volviendo a aunar esfuerzos entre administraciones y los agentes económicos y sociales más representativos, demostrando que la gobernanza, con mayúsculas, es la única forma eficiente de diseñar políticas socioeconómicas que lleguen a la gente. Pero después de la gestación, necesitamos implementación con la mayor celeridad posible. UGT demostró responsabilidad y que a la altura de las circunstancias en un momento delicado por la inflación, en un trabajo con altura de miras.
¿Va bien?
Va lento. Reclamamos más celeridad, un impulso fuerte a las iniciativas que dimanan de ese pacto. Entendemos que es complejo porque hablamos de un acuerdo de 9.000 millones de euros que afecta a muchos ámbitos, desde el empleo a la sanidad, servicios públicos, medio ambiente, agua … Es complejo, pero es cierto que el compromiso de los que firmamos ese acuerdo es que había un paquete urgente y que había que poner en marcha todas las medidas con rapidez. El 1 de septiembre, cuando estuvimos con el presidente de la Junta, le dijimos que las mesas que dimanan de ese pacto, que son muchas, hay que ponerlas en funcionamiento para que los acuerdos no sean papel mojado. Eso es algo que no vamos a permitir.
Hay aspectos en el acuerdo como formación específica para nuevos nichos de empleo que vienen con los PERTE. ya que creemos que cuando aterricen esos planes en Andalucía haya personal cualificado específico y no nos pille con el paso cambiado.
Otro aspecto importante fue el pacto contra la siniestralidad laboral que firmamos el 1 de agosto. Nuestro objetivo como sindicato de clase es reducirla. En 2022 hubo más de 101.000 accidentes y 148 fallecidos. Hoy llevamos ya 79 este año. Ese es un objetivo prioritario dentro de los intereses de la clase trabajadora. Hay que hacer concienciación en el ámbito social, más allá de lo laboral, igual que se hizo con los accidentes de tráfico.
¿Fue fácil explicar esos pactos de puertas para adentro, en la víspera de un 'rally' electoral?
Nosotros, como sindicato de clase, defendemos los derechos e intereses de la clase trabajadora andaluza independientemente de los calendarios electorales y de las voluntades de los partidos. Nuestro objetivo son los trabajadores y las trabajadoras de Andalucía y tenemos muy claras nuestras prioridades y nuestros objetivos. Los partidos políticos tienen su camino y nosotros el nuestro. Somos un sindicato independiente y así lo demostramos con nuestro trabajo diario.
Gobierno andaluz
¿Se sienten cómodos en Andalucía con el actual gobierno y sus políticas? ¿Goza el diálogo social de buena salud?
No es cuestión de estar cómodo o no, sino de trabajar para mejoras sociales y laborales, para el reforzamiento de lo público, y podemos decir que jugamos un papel relevante en Andalucía. La culminación del diálogo social es la concertación. El diálogo 'per se' no nos sirve, es un instrumento que culmina en la concertación. Ahí manifestamos nuestro malestar con el bono joven, que no está funcionando, estamos movilizándonos en el ámbito de la sanidad y reivindicando como sindicato de clase muchas cuestiones. Por un lado tenemos que reivindicar, protestar, y con la otra mano trabajar por el acuerdo en beneficio de los trabajadores.
¿Cómo valora el paquete de medidas sociales y laborales asumidas por el PP en el discurso de investidura de Feijóo?
El problema del PP no son las palabras sino los hechos. La coherencia brilla por su ausencia, por ejemplo cuando vota en contra de la reforma laboral. No hay coherencia entre su programa y las decisiones que toman. La reforma laboral de Rajoy generó paro, empobrecimiento. Antes Aznar prometió que acabarían con problemas del mercado laboral y lo que hizo fue un ataque sin precedentes a lo público en perjuicio del Estado del Bienestar.
Patronal y CCOO
¿Cómo es su relación con el presidente de los empresarios andaluces, Javier González de Lara?
Es una relación de respeto, cordial. En muchas ocasiones lo que es bueno para el desarrollo socioeconómico de nuestra tierra, y por lo tanto para los trabajadores, es también bueno para los empresarios. Dicho esto tenemos posturas enfrentadas en cuestiones como el reparto de la riqueza o la justicia social. Pero somos dos organizaciones que nos encontramos en el mundo laboral, y que con posiciones contrapuestas tenemos la responsabilidad de llegar a acuerdos para el beneficio de los trabajadores. Creo que ambos somos dirigentes con altura de miras a la hora de llegar a acuerdos, lo hemos demostrado por ejemplo el 1 de agosto con el pacto contra la siniestralidad laboral.
¿Y con CCOO, cómo es la relación?
En UGT somos firmes defensores de la unidad de acción sindical, y como sindicato más representativo y en beneficio de los trabajadores lo consideramos un instrumento fundamental. Genera sinergias, fuerza y resultados. Si vamos de la mano los sindicatos más representativos logramos más objetivos y siempre vamos a actuar de una manera leal a pesar de tener perfiles o formas de ver el sindicalismo distintas. Pero por lealtad con la clase trabajadora seguimos trabajando en esa dinámica.
Andalucía abrió la puerta a vincular subidas salariales pactadas en convenios con el IPC, como ocurrió con el Metal en Cádiz. Las empresas dicen que eso les está restando competitividad, y más en un contexto general de subida de costes. ¿Están subiendo los salarios de forma adecuada en la comunidad?
Los salarios no están subiendo como deberían. Están por debajo de ese acuerdo de negociación colectiva que tardamos tres años en alcanzar con los empresarios para que se trasladen a los convenios colectivos. Ahí se plantean subidas del 4% para este año y del 3 para los dos siguientes con una cláusula de revisión salarial si el IPC está por encima del 1%. Intentamos que esa subida se manifieste de manera efectiva en el conjunto de los sectores. Puede haber alguno muy específico que no pueda asumirlo y no estamos dispuestos a poner en riesgo los puestos de trabajo por esa cuestión. Pero es cierto que hay muchas empresas que tienen ya resultados muy positivos y que deberían incorporarlas. Ahí entramos de nuevo en el reparto de la riqueza, en el que las empresas deben hacer un ejercicio de responsabilidad porque una parte clave de las empresas son sus trabajadores.
Hay un lamento generalizado en empresas de distintos sectores sobre las dificultades en encontrar personal en la región con más paro de España. ¿Cómo lo valora?
Recientemente elaboramos el informe trimestral de costes laborales con datos del INE y hay un apartado que llama poderosamente la atención cuando los empresarios dicen que no hay mano de obra cualificada. Dice el informe que el 93,1% de los empresarios no contrata no porque no encuentra, sino porque no necesita personal. Sólo un 5% dice que los costes laborales son elevados. Esa variable de que no hay personal cualificado es ínfima. En todo caso, si fuera así, lo que planteamos es que en el diálogo social se detecte qué cualificación se necesita y diseñar planes de formación para ello. Pero la cuestión radica en otro elemento, que es que las condiciones de trabajo y salariales que se ofrecen no son las que se deberían de tener. En el sector del turismo, si a un trabajador se le retribuye conforme a convenio y se respetan las condiciones que se marcan, no habría dificultades. Habría trabajadores. Pero si se le hace una oferta de trabajar de ocho a doce horas, asegurar solo cuatro y pagarles la mitad en negro, esas no son las condiciones.
¿Es un problema de inspección y control?
Primero es problema de concienciación del empresariado, que no le da el valor al servicio que presta. Son conductas que precarizan el sector.
Hace días hablaba de la situación en la hostelería con los términos 'condiciones de esclavitud. ¿Tan mal están las condiciones en algunos sectores?
Hay trabajadores que UGT ha visitado con el secretario general Pepe Álvarez a trabajadores que están en un campo, un asentamiento en Ibiza, donde por la situación de imposibilidad de alquilar una vivienda se quedan a vivir en una tienda de campaña. Son condiciones de otro siglo. Reiteradamente nos llegan trabajadores que nos dicen que están echando 12 horas, que les pagan por debajo del SMI, que cotizan menos horas … Eso lo denominamos como una cierta esclavitud. Es cierto que son determinados empresarios, y no lo podemos generalizar o extender. Hay que concretarlo, pero se dan esas circunstancias.
¿Avala las palabras de Pepe Álvarez cuando hablaba de retirar el subsidio a personas que rechazan ofertas de trabajo?
Pepe Álvarez matizó sus declaraciones en el sentido de que cuando se hace una oferta a un trabajador acorde en términos salariales de titulación, experiencia, salario y, distancia no tiene sentido que la rechace. Otra cosa es que a un ingeniero que vive en Huelva se le ofrezca trabajo de camarero en Carboneras.
Sequía
¿Puede llevar la sequía a una situación límite a miles de trabajadores en el ámbito rural?
La situación del campo es importante, ya que se valora que va a haber una reducción del 50% sobre los jornales previstos. Es dramático en una comunidad donde el sector agrario tiene un peso tan fuerte. Se habla ahora específicamente de la campaña de aceituna, donde la sequía va a tener efectos importantes. Pedimos un plan de empleo, peonadas cero para el subsidio agrario de manera transitoria y para jornaleros que estén inscritos. Medidas que puedan amortiguar la situación a la que nos lleva el cambio climático, que nos está castigando en el campo, y también con restricciones de agua en las ciudades, lo que afecta a la industria y al sector turístico … Es un problema grave, transversal, en el que debemos trabajar a fondo. Le hemos pedido al presidente del CES, Juan Marín, que elabore un informe para ver el diagnóstico real de Andalucía en el tema del agua y el cambio climático, que prevea infraestructuras, adaptación de cultivos para ser sostenibles … Una hoja de ruta para garantizarnos la supervivencia en el corto, medio y largo plazo.
¿Le preocupan los últimos datos de producción industrial, que reflejan caídas importantes?
La industria es asignatura pendiente para Andalucía, que se inscribe en el cambio de modelo productivo que venimos reclamando. Preocupa mucho porque se pone de manifiesto la debilidad del sector. Es imposible así acortar la brecha histórica que nos separa del norte de la Península y de regiones europeas más desarrolladas, o que alcancemos los objetivos de la Agenda 2030, ni siquiera que alcancemos lo que en el Plan Crece de la Junta marcaba en incremento del PIB regional. Creemos que futuro de Andalucía pasa por la industrialización real de nuestra tierra, y así lo recogía el pacto de impulso a Andalucía. Es verdad que han aumentado las inversiones industriales extranjeras en nuestra tierra. Hay ejemplos llamativos com CETEDEX en Jaén con 2.500 empleos, 200 millones de inversión y generación de industria auxiliar. Es un modelo en el que debemos trabajar.
¿Cree que Andalucía está dando los pasos adecuados para desestacionalizar el mercado laboral?
Desestacionalizar el empleo es industria, que es el sector que trabaja todo el año con salarios y condiciones estables. Hablamos también de las plantas de hidrógeno verde en Huelva o Cádiz, que son importantes en el cambio de modelo productivo. Hay que seguir virando el barco en esa dirección porque hay potencial para incrementar el sector industrial y hay que reforzar los esfuerzos y que nuestro tejido industrial se equipare al español y al europeo.
Reforma laboral
¿Considera que la reforma laboral ha tenido efectos positivos en Andalucía?
Los datos hablan por sí mismos: En este año se han firmado en Andalucía 900.000 contratos indefinidos, más de un 41% del total de la contratación, cuando antes era apenas del 5%. Es un dato contundente. Creemos que hay una realidad palpable de que ha ayudado a la clase trabajadora a mejorar sus condiciones. La temporalidad ha bajado del 29 al 14%, son datos irrefutables.
Los fijos discontinuos representan el 20% de los indefinidos. Lo que sí ha hecho es dar seguridad y certeza a los trabajadores, sabes qué periodos estás trabajando. Tiene repercusiones incluso para pedir una hipoteca.
La ultraactividad ha sido importante también, nos ha dado capacidad de mantener mesas abiertas y condiciones laborales. Nos da fuerza en la negociación, además de la preponderancia del convenio del sector, que suele ser mejor que el de empresa.
Durante su mandato, en 2024, se va a celebrar el juicio a la anterior cúpula del sindicato por los cursos de formación. ¿Cómo valora esa etapa? ¿Puede llevar una condena a la desaparición al sindicato?
Hay que dejar claro que UGT Andalucía no está encausada en ese procedimiento, sino antiguos responsables, aunque seamos responsables subsidiarios. Lo que pedimos es respeto para ellos y para su presunción de inocencia. Yo no puedo valorar esa etapa porque no estaba, pero sí puedo decir que somos una organización con 135 años, que hemos pasado momentos mucho más difíciles. No queremos aventurar cuál será la sentencia, que respetaremos, pero la viabilidad está garantizada, gozamos de buena salud, músculo sindical y crecemos en afiliación y cuotas, mirando al futuro.
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