Valencia
Cuatro años por delante, por primera vez con los mandatos acompasados en el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana, para resolver, a ver si esta vez sí, el problema de la infrafinanciación autonómica de la Comunitat. Este es, sin duda, el principal reto al que se enfrenta la región española que menos dinero recibe por habitante de todo el Estado, concretamente 800 euros menos por ciudadano al año que Cantabria, la mejor tratada. Se trata de un asunto que no lograron atajar ni el tándem Zapatero-Camps, ni el formado por Rajoy y Fabra, ni en última instancia el de Sánchez y Puig que ahora tendrá una segunda oportunidad, a pesar de ser estas dos últimas parejas de gobernantes del mismo partido.
Pero no es el único tema por resolver. También merece una reflexión la abultada deuda pública -que en buena medida es consecuencia de lo anterior y de ahí el calculo de una deuda histórica que se reclama en forma de quita-, la infrainversión que ha padecido tradicionalmente la Comunitat en los presupuestos estatales o el problema del agua en Alicante tras el varapalo judicial al trasvase Tajo Segura.
Más dinero del Estado
La mencionada cifra de 800 euros menos al año por habitante respecto a la financiación de Cantabria supone, en una autonomía de cinco millones de habitantes, un agravio de 4.000 millones de euros al año, el equivalente al presupuesto anual de la Conselleria de Educación.
La reivindicación contra el sistema implantado en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero la asumen ahora todos los partidos, y ha sido también la bandera de los dos últimos presidentes valencianos a pesar de que fueron incapaces de que los respectivos Gobiernos de España de su mismo partido atajaran el agravio hacia la Comunitat.
Deuda histórica
Muy relacionada con lo anterior, otra de las reivindicaciones valencianas es el reconocimiento de una deuda histórica por parte del Estado, que sería en la práctica una quita de la deuda como compensación por la financiación a la baja en la autonomía durante los últimos años. En este caso el principal problema es la venta de esta medida más allá de las fronteras de la región, que se ha encontrado con la oposición a esta cuestión por parte de presidentes autonómicos de todos los colores.
Posible o no, lo cierto es que una medida de este tipo sería un gran alivio para su situación, cuya deuda per cápita es la más abultada de toda España con una tasa del 41,8% del PIB, ocho puntos por encima de Cataluña.
La Comunitat quiere aprovechar este legislatura simétrica para acabar con su maltrato financiero
En términos absolutos se trata de la segunda mayor de todo el país con un volumen de cerca de 39.000 millones de euros, solo por detrás de los más de 58.000 millones que deben los catalanes al Gobierno de España.
Infrainversión
Y la tercera pata del agravio que denuncian los valencianos ante el Estado es la inversión por habitante que el mismo realiza cada año en la región a través de los presupuestos. La reivindicación es lograr que las inversiones en la Comunitat representen al menos el 10% del total, habida cuenta de que tal es el porcentaje que representa la autonomía en el país.
No obstante, por diferentes circunstancias ya son varios los años en los que las inversiones se quedan muy lejos de esa cifra. Para colmo, cuando pareció cambiar esta tendencia con los presupuestos de Sánchez -que preveían casi el 10% de la inversión en la Comunitat-, sus cuentas cayeron en el Congreso, hecho que motivó la convocatoria electoral.
El agua en Alicante
La escasez de agua, en particular en la provincia de Alicante, parece un asunto de eterna juventud en la Comunitat, donde el Trasvase Tajo Segura y el enfrentamiento con Castilla-La Mancha por el mismo es una cuestión que sobrepasa la ideología.
Solo las cuentas fallidas de Sánchez equipararon la inversión con el peso poblacional
En este caso la cuestión a resolver durante el presente mandato es fundamentalmente el abastecimiento de agua para la provincia tras la incertidumbre generada por la anulación por parte del Tribunal Supremo del Plan Hidrológico del Tajo, tumbado por no fijar caudales ecológicos en Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina. El nuevo escenario exige el establecimiento de un régimen de caudales ecológicos real y científicamente validado en el eje central del río Tajo y en todos los demás ríos de la cuenca que, irremediablemente, obligan a adaptar a una nueva e incierta realidad hídrica el trasvase Tajo-Segura.
El veto a Intu
Otra de las cuestiones cuya resolución ha generado mucha expectación es la implantación o no de la multinacional Intu en el área metropolitana de valencia. La firma británica ha proyectado en Paterna el mayor centro comercial y de ocio de toda Europa, y tras una primera legislatura en la que el PP fue incapaz concluir los expedientes para su implantación, durante la pasada, de coalición entre PSPV y Compromís, la iniciativa fue bombardeada por tierra, mar y aire con un rechazo inicial y posteriores legislaciones contra su inversión de 800 millones.
El asunto, que se encuentra en los tribunales con una petición de indemnización cifrada por la empresa en cerca de 300 millones de euros contra la Generalitat Valenciana, también debería resolverse en la legislatura que ahora comienza.
