El Gobierno colombiano y Naturgy abren la puerta a negociar una indemnización para la empresa española por la intervención de Electricaribe, su filial en ese país. Debe celebrarse, si se confirma, que Bogotá abandone el encastillamiento que mostró desde el inicio del conflicto.
Cuando Naturgy se negó a invertir 650 millones para mejorar el servicio en Colombia, tenía razones sólidas para ello. El problema de los impagos en ese país ha llegado a un extremo que cualquier inversión puede quebrar una compañía si no se renueva el marco regulatorio.
La prueba de ello radica en el hecho de que el Gobierno no encuentra un nuevo dueño para Electricaribe. En esta situación, la razón asiste a la compañía española, lo que le confiere un legítimo derecho a ser indemnizada.