A poco más de tres semanas de la celebración de las elecciones del día 28, ya es posible cuantificar la factura aproximada que supondrán los reiterados viernes sociales. Las últimas reuniones del Consejo de Ministros, focalizadas en aprobar medidas en beneficio de colectivos electorales clave, dejan tras de sí un desembolso de 7.000 millones.
Liberar estas partidas resultaría cuestionable en toda economía que, como la española, se halla en pleno proceso de desaceleración. Pero aún se antoja más temerario en una situación de ausencia de nuevos Presupuestos que ha paralizado toda política económica salvo, una vez más, el aumento del gasto público.
De hecho, la parálisis presupuestaria más los desembolsos decretados a inicios de año, como el alza salarial a los funcionarios, comprometen por sí solos cerca de 11.000 millones. A todo lo anterior hay que añadir una nueva y cuantiosa partida que lastraría el inicio del nuevo mandato.
Un gasto extra de 21.000 millones al comienzo de la legislatura compromete la estabilidad del mandato en su totalidad
El partido al que muchas encuestas otorgan la victoria, el PSOE, comparece en los comicios resucitando una propuesta tan difícil de sostener como la renta ciudadana. La iniciativa de crear un ingreso mínimo vital amenaza al erario público con una carga extra de 7.000 millones, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
En total, las Administraciones pueden encontrarse con una carga extra de 21.000 millones, a lo que suma la imposibilidad de tramitar unos nuevos Presupuestos, como mínimo, hasta después del verano por cuestiones procedimentales. Una carga así tiene la suficiente envergadura como para comprometer la estabilidad fiscal de la legislatura entera.
Por tanto, el control del déficit, ahora que por primera se había logrado bajarlo por debajo del 3% como la UE exige, está en alto riesgo.
