Andalucía destinó el año pasado 155 millones de sus Presupuestos a la sanidad privada, con la intención de derivar pacientes que el sistema de atención de la Junta no podía atender. Nada habría que reprochar a este proceder, en la medida en que la colaboración público-privada es el más eficiente modo para paliar la saturación que la Sanidad sufre en muchas autonomías.
El problema estriba, sin embargo, en que, según todos los indicios, la expresidenta Susana Díaz renegaba en público de esa colaboración, al tiempo que excluía del recuento oficial de sus listas de espera a 500.000 pacientes. Hacer trampas en su propio solitario y presentar estadísticas ficticias puede generar réditos electoralistas, pero en nada ayuda a resolver los problemas reales de la sanidad andaluza.
