Bruselas entierra el impuesto que debía gravar la actividad de las empresas tecnológicas tras el persistente bloqueo de Irlanda y los países nórdicos. Es cierto que un acuerdo de la OCDE podría hacer que la UE volviera a intentar implantar el tributo. Pero eso no ocurrirá como mínimo hasta 2020.
A pesar de este serio revés, sorprende que el Gobierno de Pedro Sánchez insista en aplicar la conocida como tasa Google si logra imponerse en las generales de abril. Actuar en solitario en este aspecto supondría un grave error. La unilateralidad del tributo no solo reduciría su posible recaudación. También tendría el efecto perverso de minar la competitividad del sector tecnológico español en su conjunto frente a sus competidores europeos.
