Tanto el Gobierno como el PSOE ponen en duda la inclusión de la subida de la tributación del diésel en el programa electoral de los socialistas.
Si se confirma el descarte, todo apunta a que este incremento fiscal sufriría el golpe definitivo (al menos en el futuro próximo), después de que el fracaso de los Presupuestos de 2019 lo dejara en la cuneta y el Ejecutivo renunciara a recuperarlo en el anteproyecto de ley sobre Cambio Climático.
Sin duda, hay buenas razones para celebrar que el castigo al diésel se trunque. Resultan indefendibles los argumentos que aseguran que esta medida no golpearía a las clases medias ni a los autónomos. Lo cierto es que el alza fiscal se iba a implementar sin que le acompañara ninguna bonificación, más allá del ya vigente gasóleo profesional. Este último tiene un carácter muy restrictivo ya que abarca los vehículos a partir de 7,5 toneladas.
Por ello, el gran número de empresas y trabajadores por cuenta propia que operan con automóviles ligeros (desde taxis y VTC hasta ambulancias) iban a ser los grandes perjudicados. Con todo, la renuncia a la tasa sobre el diésel tiene un significado mayor porque supone una decisiva contribución a que se cierre la guerra contra estos motores que Transición Ecológica abrió.
La ministra Teresa Ribera ya cometió un grave error al abogar por su total prohibición (de ventas y matriculaciones) en 2040, a pesar de que no existe base científica ni técnica que permita ya desahuciar esta tecnología. Sin duda, la cercanía de las elecciones ha sido fundamental para no tomar decisiones que afectan a millones de ciudadanos a los que solo el diésel ofrece, actualmente, una opción de movilidad eficiente y acorde a sus posibilidades económicas.
