El exministro de Industria, Miguel Sebastián, reclama personarse como acusación particular en la causa sobre el presunto espionaje que el excomisario Villarejo hizo para el BBVA, más en concreto para su ahora presidente de honor, Francisco González.
La solicitud de Sebastián ofrece amplias posibilidades de prosperar, con independencia de que su rol en la operación de asalto al banco, por parte de Sacyr en 2004, esté por investigarse.
No en vano, el Estatuto de la Víctima ampara al exministro, ya que puede alegar que fue un directo perjudicado por el expolicía, tanto por ser objeto de escuchas ilícitas como por sufrir ataques a su honor. La personación de Sebastián complica de forma clara el horizonte de González y del propio BBVA.
Ambos se enfrentan a una querella más por la vía penal, que se sumaría a las ya presentadas por el expresidente de Sacyr, Luis del Rivero y dos exejecutivos del banco. La acumulación de denuncias posibilita que la investigación se extienda a delitos, por ejemplo, de revelación de secretos, sobre los que no se puede instruir una causa a no ser que haya instancias de las partes perjudicadas, como las ya presentadas.
En otras palabras, González cuenta ahora con mayores posibilidades de acabar imputado. Pero, además, la personación de Sebastián le faculta para reclamar medidas cautelares contra el banco, en respuesta por no haber tomado "ni una sola decisión de apartamiento de personas con tareas de representación en el banco", en clara alusión a González, y, de hecho, reclama su cese.
Por tanto, la obstinación de BBVA por transigir con el enrocamiento de su presidente de honor queda aún más en evidencia y revela que puede tener efectos aún más graves en su credibilidad y reputación.
