El fracaso de los Presupuestos en el Congreso y la convocatoria de elecciones dejan a las autonomías en situación financiera comprometida. Las nuevas medidas ya en vigor para 2019 implican un aumento del gasto de los Gobiernos regionales. Se estima que sólo el alza salarial a los funcionarios supone un desembolso extra de 3.000 millones.
En paralelo, la ausencia de Presupuestos no paraliza los pagos a cuenta a las autonomías derivados del sistema de financiación, pero impide su actualización. Recibirán así unas partidas inferiores a las que serían acordes a cómo evolucionó la recaudación en los últimos ejercicios.
Por si fuera poco, aunque la actualización podría hacerse por proposición de ley o decreto, el hecho de que las Cámaras estén disueltas en pocos días imposibilita toda tramitación. En esta circunstancia, las autonomías están abocadas a financiarse por sí solas en los mercados.
El problema estriba en que la mitad de ellas no lo hará, porque siguen sujetas a los mecanismos de liquidez extraordinarios, como el FLA y la Facilidad Financiera. Este tipo de fondos no solucionan el problema; su funcionamiento implica elevar más la ya alta deuda de las autonomías con el Estado y, paradójicamente, los nuevos recursos que inyectan sirven casi en exclusiva para sufragar las amortizaciones de ese mismo pasivo.
Esta situación podría haberse evitado si el Gobierno hubiese emprendido la tramitación de la actualización, por vía urgente, de las partidas financieras autonómicas a finales de 2018, cuando ya era obvio que los Presupuestos fracasarían. La imprevisión crea así un problema que amenaza la estabilidad presupuestaria del sector público especialmente en un año electoral en el que las autonomías tenderán a subir más su gasto.
