El rechazo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y el adelanto de las Elecciones Generales para el próximo 28 de abril, anunciado por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, son un cóctel muy peligroso para el futuro de la financiación autonómica. A día de hoy, las Administración Central no dispone de fórmulas a corto plazo para que las regiones puedan cobrar el incremento previsto de las entregas a cuenta - unos 6.673 millones más - y la disolución de las Cortes en menos de dos semanas impide que se pueda recurrir a fórmulas legislativas. La alternativa que les queda a las regiones para amarrar unos ingresos extra es la de recurrir a los mercados, ahora que la mitad de ellas puede emitir deuda, tras haber sido autorizadas por el Ministerio de Hacienda.
De hecho, fuentes del Gobierno reconocen que no tienen un plan para afrontar la situación, después de que la vía habitual para abordarla, mediante el proyecto de Presupuestos, sea imposible tras el veto del Congreso. En Moncloa hay serias dudas de que se pueda emplear un real decreto de ley para arreglar la situación, puesto que uno de los límites de estas herramientas gubernamentales son, precisamente, las políticas autonómicas.
La clave está en que, además, el adelanto electoral hace imposible que se pueda recurrir a una proposición de ley para tramitar el incremento de las entregas a cuenta a través del Congreso. Aunque se tramitara de forma exprés, es decir, de forma urgente y en lectura única - sin tener que pasar por los debates de enmiendas - , no daría tiempo a que fuera aprobada. Este proceso suele durar unos dos meses y en dos semanas se tienen que disolver las Cortes.
Futuro en los mercados
Ante esta situación, la solución para al menos la mitad de las autonomías puede estar en los mercados. En los últimos meses, varias de ellas han ido comunicando que emitirán deuda tras recibir el visto bueno de Hacienda.
La primera en emprender la expedición por los mercados fue Andalucía, que sacó a subasta unos 600 millones de los 4.000 que tiene todavía vinculados al FLA. También ha recibido autorización para hacerlo Baleares, que ha sacado unos 400 millones.
En 2019, varias regiones más se sumaron a este movimiento. Castilla y León ya puede formular operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 1.190 millones. Madrid, uno de los motores económicos de España, es la autonomía que más deuda pública va a poner a disposición a los inversores privados: la región podrá ofrecer hasta 2.675 millones destinados a operaciones con vencimiento a largo plazo, un movimiento que tiene como destino financiar amortizaciones de vencimiento de deuda a largo plazo en 2019.
Galicia también se ha sumado a estos movimientos de financiación a través de los mercados, a los que la Xunta ofertará unos 400 millones. Acciones similares, aunque no han desvelado en qué cantidades, harán La Rioja, País Vasco y Navarra, según indica en su último informe la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
Otras regiones, que no cumplen las condiciones necesarias para emitir deuda, mantendrán su dependencia de los fondos de liquidez públicos, situación en la que se hallan tanto Cataluña como Comunidad Valenciana.
Una papeleta
La papeleta para las regiones no es pequeña. El 26 de mayo se celebran las elecciones autonómicas, y además de los gastos propios que han de afrontar habitualmente también tienen que asumir los extras provocados por medidas como la subida del salario de funcionarios de todas las Administraciones Públicas decretada por el Gobierno en diciembre, una iniciativa que les costará 2.100 millones.
A esta medida se suman otras que se toman en el marco estatal pero que afectan a las autonomías, que son las que tienen invertir recursos en ellas. Este es el caso de los medicamentos, cuyo coste es asumido por las administraciones regionales, algo que también ocurrirá en el caso de las novedosas, y caras, terapias contra el cáncer CAR-T. Las regiones habían pedido que el Estado se hiciera cargo de ellas, pero finalmente no habría ningún fondo especial para su financiación.
Todo esto en una desaceleración económica que también afecta a las regiones, como apuntan los datos del BBVA Research, una sacudida que será peor en regiones como Canarias, Baleares o Comunidad Valenciana debido al Brexit y la pérdida de turismo británico.
