La subida de impuestos que el Gobierno tenía previsto aprobar en 2018 se retrasa y, de momento, no hay fecha para su entrada en vigor. En concreto, se trata de la tasa a los Servicios Digitales, conocida como tasa Google, el impuesto a las transferencias financieras y las iniciativas para combatir el fraude fiscal.
Con este paquete fiscal, el Ejecutivo de Pedro Sánchez espera recaudar unos 2.878 millones, que son necesarios para cumplir, aunque sea en parte, con las previsiones de ingresos para 2019 enviadas a Bruselas. Se trata, por tanto, de una suma imprescindible para asegurar los objetivos de déficit pactados por el Gobierno con la Unión Europea. El retraso a la hora de activar este conjunto de medidas es claramente perjudicial, ya que cuanto más se tarde menos se recaudará.
De ahí que la única realidad es que el paquete fiscal sigue amenazando a las empresas, en un momento en el que ya se han incrementado las presiones sobre sus costes, sobre todo fiscales. Hay que recordar que nada se ha hecho para reducir las elevadas cotizaciones sociales. Muy al contrario, el mes pasado se subieron las bases máximas de cotización un 7%.
A ello hay que sumar el alza del 22% en el salario mínimo interprofesional de este año. Si a toda esa partida se le acaban añadiendo más impuestos destinados al sector empresarial, como la tasa financiera, su competitividad y su capacidad para crear empleo se verá afectada, lo que impulsará la deslocalización. La respuesta para mantener el equilibro fiscal no puede seguir centrada en subir impuestos. Sin duda, la economía y las empresas saldrían más beneficiadas con una rebaja del gasto público, algo que este Ejecutivo no está dispuesto a acometer.
