La contratación pública en carreteras acumula un año de casi completo estancamiento. Esta situación puede sorprender, si se considera que la actual recuperación económica parecía ofrecer la base perfecta para que la inversión se reactivara.
Sin embargo, el Estado se topó con obstáculos imprevistos. Especialmente, el cambio de Gobierno, tras la moción de censura, frustró las intenciones del anterior Ejecutivo de poner en marcha en julio su plan extraordinario de carreteras.
Por fortuna, el actual ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se negó a que ese proyecto quedara aparcado y lo ha hecho suyo respetando sus líneas principales, especialmente en lo que respecta a basarlo en la colaboración público-privada. De hecho, Ábalos baraja una novedosa fórmula para atraer inversores, como es abonar el 50% de la inversión prevista al inicio de las obras, de modo que los constructoras no tengan que adelantar el 100% de la inversión.
Es cierto que este recurso supone que el plan de carreteras aumentará el déficit público en el corto plazo, pero debe también tenerse en cuenta la necesidad de elevar el atractivo del plan de carreteras. La nueva Ley de Desindexación de la Economía impone actualmente un límite muy bajo a las rentabilidades que las concesionarias pueden obtener de este tipo de inversiones, lo que desincentiva tanto a los fondos como a las constructoras.
La posibilidad de reformar la ley es muy pequeña considerando la exigua mayoría parlamentaria del PSOE. Por eso, el plan de Fomento puede servir de compensación a los exigentes límites de la rentabilidad que fija la ley e impulsar así un plan necesario para acabar con la parálisis en la inversión en infraestructuras.