Uno de los golpes de efecto que el Gobierno prepara para el Consejo de Ministros de mañana en Barcelona consiste en dar a conocer nuevas inversiones en infraestructuras dentro de Cataluña.
Anuncios como los 200 millones que se destinarán a las carreteras de esa autonomía, sin duda, contribuyen a paliar el déficit que sufre en este capítulo. Ahora bien, ese problema, las insuficientes inversiones, es el denominador común de otros territorios, especialmente en el Arco Mediterráneo.
Por tanto, una política tan importante como la que concierne al desarrollo de las infraestructuras debe desarrollarse de un modo más equitativo. Constituye un error utilizarla como medio para hacer gestos de un pretendido acercamiento en el ámbito político.
