El Gobierno y Unidos Podemos llegan a un pacto para los Presupuestos de 2019. Es cierto que es una incógnita cuáles de las medidas del documento saldrán adelante, dada la debilidad parlamentaria del PSOE. De hecho se necesita también el apoyo de nacionalistas vascos y catalanes. Ahora bien, con independencia de su futuro en el Congreso, estos presupuestos ya transmiten un mensaje preocupante.
El Ejecutivo hace suyo el discurso de Podemos, el de la izquierda más tradicional (y anacrónica) lo que se ve en unas cuentas que tiene los rasgos más predecibles de esa corriente ideológica: más gasto público, que se financia con alzas de impuestos, que castigan a sectores como el financiero y la gran empresa. Pero también al consumidor, que siempre es el destinatario final de todas las tasas.
En concreto, los Presupuestos disparan el gasto en más de 6.585 millones, que deberá ser compensado por tributos nuevos (transacciones financieras, tecnológicas, dividendos etc.), y revisiones al alza de otros, como Sociedades, grandes fortunas o tributación de las socimis. Vaya por delante que sorprende que el Gobierno no se moleste en desglosar lo que prevé recaudar con cada una de estas medidas. No obstante, lo más grave es que las Cuentas asumen un gasto que está muy lejos de ser una inversión productiva. De hecho, sufraga gasto corriente, como las pensiones, que no contribuye a la creación de empleo ni al alza de la productividad.
Además, el pacto prevé derogar aspectos clave de la reforma laboral, fundamental para la creación de millones de puestos de trabajo. En definitiva, los Presupuestos constituyen un fuerte lastre en momentos como los actuales de desaceleración, con el agravante de que genera incertidumbre entre inversores y ahorradores.