Fomento ve cómo proyectos relacionados con la red viaria española, valorados en 6.300 millones, se paran por conflictos con otros organismos de la Administración, como Hacienda o la Abogacía General del Estado. No se puede reprochar a estas instituciones un afán obstruccionista. De hecho, debe reconocerse que aplican con escrupulosidad la ley.
El mejor ejemplo lo ofrece el contencioso más reciente, que mantiene en dique seco doce contratos de conservación de carreteras. En la ejecución de este tipo de trabajos siempre fue frecuente el recurso a los precios contradictorios. Estos corresponden con partidas que no se contemplaron en el planteamiento inicial de la obra pero que, una vez iniciada, tienen que ser incorporados.
Es un instrumento útil en el sector de las infraestructuras, donde las obras necesitan de una cierta flexibilidad en su desarrollo, ya que resulta difícil prever todos los inconvenientes que pueden surgir. Sin embargo, en virtud de la nueva Ley de Contratos del Sector Público la figura de los precios contradictorios prácticamente desaparece y Hacienda ya no acepta su inclusión.
Sin duda, debe valorarse el afán de evitar abusos al que la Ley obedece, pero hay que considerar también las especificidades de labores como la conservación de carreteras. Si todo imprevisto que surja en el transcurso de este trabajo tiene que abordarse ahora mediante un modificado, el proceso se dilata durante meses y resulta imposible proceder con el carácter de urgencia que la conservación viaria, por definición, requiere.
Por tanto, deben buscarse fórmulas que permitan una mayor transparencia en la contratación pública, sin que sectores tan importantes como el propio de las infraestructuras se vean abocados a la parálisis.
